Esta es una de las 17 medidas que el secretario general del PP, Javier Arenas, envió esta tarde a su homólogo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y que mañana tratarán representantes de los dos partidos en una reunión de trabajo para estudiar medidas que garanticen la libertad de los ediles en el País Vasco.

La propuesta popular, a la que ha tenido acceso Servimedia, incluye un total de7 medidas de carácter político, penal, electoral y político-social, entre las que destacan también la posibilidad de convocar elecciones municipales anticipadas en aquellas localidades en las que la presión o las acciones terroristas provoquen una falta de concejales.

El PP pretende modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hasta en cuatro aspectos para que también sea posible designar a vocales gestores cuando se agote la lista de suplentes e, incluso, nombrar una comisión gestoa que gobierne en aquellos Ayuntamientos donde el número de vocales gestores supere al de concejales.

INELIGIBILIDAD DE CONCEJALES

Asimismo, los populares quieren modificar el artículo 6.2 de la LOREG para que ninguna persona condenada por alguna acción tipificada como apología del terrorismo puede ser elegida para representar a los ciudadanos de un municipio, tal y como ha propuesto el PSOE.

Tampoco desea el PP que los datos personales de los concejales incluidos en el Registro de Intereses pudan facilitar la comisión de atentados contra los representantes locales del pueblo y, por ello, solicita su "confidencialidad", salvo en los supuestos tasados legalmente.

La propuesta que Arenas ha remitido a Zapatero contempla también la modificación de otros dos puntos de la LOREG que faciliten la presentación de listas electorales en el País Vasco y la celebración libre de los comicios.

Para ello, aconseja "fijar un número mínimo de tres suplentes, sin fijar su número máximo o flexibilizando ucho este último" para que sea más sencilo formar listas en algunos municipios. Igualmente, insta al PSOE a permitir que los apoderados e interventores que actúen en unas elecciones del País Vasco tengan como único requisito ser "mayor de edad" y que "no esté privado de sus derechos políticos o civiles", así como que "no exija el requisito de la residencia para desempeñar" dichas funciones.

Dentro del ámbito penal, el PP quiere que los Ayuntamientos puedan personarse como acusación particular en los pocedimientos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de las fuerzas políticas democráticas, como consecuencias de la apología del terrorismo.

APOYO A LOS AMENAZADOS

Entre las actuaciones de apoyo político-social, además del fondo económico para sufragar los gastos de seguridad, el PP recomienda crear "equipos de apoyo multidisciplinar" que ayuden a los concejales amenazados y sus familias ante cualquier tipo de eventualidad.

A juicio del PP, sendas campañas de comunicaión podrían contribuir a fomentar la defensa de valores constitucionales como la tolerancia, la libertad, el pluralismo y la convivencia pacífica; y a concienciar en el ámbito local de la importancia de participar activamente en la democracia.

Por último, las medidas políticas que el PP quiere consensuar mañana en la reunión con el PSOE incluyen respaldar las reformas legales dialogadas en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y aplicarlas "cuando fuere preciso" en el ámbito institucionalvasco. También propone impedir que los partidos o asociaciones que apoyen "directa o indirectamente" el terrorismo no puedan recibir ningún tipo de subvención, aislar política e institucionalmente a Batasuna, tanto en su financiación como en los Ayuntamientos, y revisar "permanentemente" las medidas de seguridad de los cargos públicos y establecer un sistema de evaluación que permita darles seguimiento para su actualización.