El PSE reprocha al Gobierno central su lentitud a la hora de tomar decisiones sobre la asignación de vehículos adecuadamente equipados y sobre la asignación de doble escolta a los más de 60 cargos públicos socialistas del País Vasco cuya seguridad corre a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En total, son más de 300 los responsables del PSE que tienen que vivir con escolta en el País Vasco. De ellos, 155 desarrollan su actividad política en Vizcaya, 104 en Guipúzcoa y 41 en Alava, y de ese total de dirigentes políticos, algo más del 20 por ciento tienen seguridad a cargo del Gobierno central.

La asignación de doble escolta a todos los cargos públicos de los partidos amenazados es una vieja reivindicación de los socialistas vascos, que cuentan con menos recursos económicos que el PP para arontar los gastos que puede ocasionar la contratación de servicios privados de seguridad.

Además, los socialistas entienden que la tarea de garantizar la integridad de los cargos públicos, sus familias y sus bienes es una responsabilidad de los poderes públicos, que deben comprometerse en el mantenimiento de los valores democráticos y la libertad en el País Vasco.

En este sentido, se muestran más sastisfechos con la actitud del Gobierno vasco, que durante el mes de julio piensa completar la asignción de doble escolta a los casi 240 cargos públicos socialistas que está encargado de proteger.

En la actualidad, según informaron fuentes de la dirección del Partido Socialista en el País Vasco, son 62 los cargos públicos que tienen pendiente la asignación de un segundo escolta.