A juicio del dirigente de IU, éste no es el moento de iniciar un proceso de ilegalización, inmediatamente después de un atentado, y más aún si hay serias dudas sobre la solidez de las pruebas que podrían aportarse en el proceso judicial. "Si el Gobierno se precipita", alertó, "puede correr muchos riesgos, y hasta ahora lo que ha demostrado es que tiene muchas convicciones, pero no tiene pruebas", indicó.

Para Llamazares, el recurso a la ilegalización es "más simbólico y propagandístico que otra cosa" y advirtió al Ejecutivo de que "no puede propoerle a la sociedad española una solución milagrosa, como si la ilegalización fuera a dar lugar, inmediatamente, a una situación beatífica de paz".

En declaraciones a Servimedia, el coordinador de IU aseguró que "el Gobierno está metido en un buen lío por la urgencia de poner en marcha el proceso de ilegalización, y así responder a una presión social que él mismo ha favorecido y que tiene dificultad de realizar con garantías".

DECISION POLITICA

Llamazares entiende que la Ley de Partidos establec que quienes promueven ante un tribunal especial la ilegalización son entes políticos y, por tanto, la decisión de iniciar el proceso será también "una decisión política".

Así, el Gabinete dirigido por Aznar se ampara en una ley que mezcla "lo jurídico y lo político", presentando la ilegalización como una "respuesta" al último atentado de ETA, ante lo cual el líder de IU dijo que, si bien "hay una voluntad política de ilegalizar Batasuna, quizá lo jurídico no esté todavía maduro".

A tenor de las eclaraciones realizadas ayer en Palma de Mallorca por el presidente del Gobierno, José María Aznar, "da la impresión", añadió, "de que el Gobierno quiere promover la ilegalización cuanto antes".

Pero iniciar el proceso "no garantiza que los jueces" estimen suficientes las pruebas para ilagalizar Batasuna. En este momento, dijo Llamazares, "parece que hay más voluntad política que acervo probatorio que permita la ilegalización".

De hecho, la Ley de Partidos Políticos establece que los actos por lo que se puede proceder contra una formación política han de ser "repetidos y muy claros", requisito que duda que se cumpla desde la entrada en vigor de la norma.

"Da la impresión", dijo, "de que al Gobierno le estorba su propia ley, porque lo que le gustaría es tomar una decisión adminitrativa, como se tomaba hace no mucho tiempo, y poder decidir la ilegalización de una formación política", indicó.

En este sentido, explicó que la Ley de Partidos Políticos se hizo, "no porque no hubiera arsenal juídico contra Batasuna, sino que se pretendía dar al Gobierno la posibilidad de saltarse en la vía civil los requisitos probatorios que establece el Código Penal, que hasta ahora no han permitido ilegalizar Batasuna".

Llamazares puntualizó que el Gobierno tiene cosas que hacer para luchar contra ETA como mejorar la acción política y policial en colaboración con el resto de las fuerzas democráticas y retomar las relaciones institucionales con el Ejecutivo vasco.

BENEFICIAR A BATASUNA

Además, dijoLlamazares, para Batasuna el asunto de la ilegalización "es un caldo de cultivo del victimismo" que le permitirá "cohesionar su filas alrededor del agravio", que es "el ambiente que le gusta a los sectores más duros" de la formación abertzale.

Por el contrario, considera el líder de IU, lo que más daño hace a Batasuna es "su incapacidad para desmarcarse de ETA", por lo que la estrategia más adecuada sería la de evidenciar esa identificación, permitiendo que sean los propios electores los que desautorien a los independentistas en las próximas elecciones municipales.

En cambio, una ilegalización, "lejos de llevar hacia el fin de ETA, favorece la cohesión de Batasuna y disminuye las posibilidades de que haya una convulsión interna" en la formación, concluyó.