Esta es la consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que da la razón a la Delegación del Gobierno en el País Vasco, que había denunciado una iniciativa de los concejales de Batasuna en contra de las maniobras militares.

Según informó hoy mediante un comunicado la Delegación del Gobierno en la comunida vasca, el Tribunal ha considerado contrario a la legalidad que el pleno del ayuntamiento de Dima aprobase en marzo de 2001 un acuerdo por el establecía que la localidad "nunca aceptaría que el Ejército español realizase maniobras dentro de sus límites territorias".

Esta iniciativa fue llevada a los tribunales por el abogado del Estado, que estimó que lo aprobado por los ediles de Dima chocaba "con la competencia exclusiva del Estado en materia de defensa".

Según la Delegación del Gobierno, la deisión aprobada por el municipio vizcaíno pretendía "limitar la capacidad de las Fuerzas Armadas para el adiestramiento y la preparación de la tropa mediante maniobras militares".

La resolución del Tribunal Superior del País Vasco declara "nulo y no conforme a derecho el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Dima, que estaría ejercitando potestades con menoscabo e intereferencias de las de la Administración del Estado".

Por último, la Delegación del Ejecutivo central en el País Vasco informó de qu existen otros dos recursos pendientes en los tribunales respecto a actuaciones del equipo de Batasuna que gobernaba Dima hasta los comicios del 25 de mayo. En concreto, estas otras actuaciones se dirigen contra acuerdos favorables a la expedición del denominado "DNI vasco" y a la inclusión en los certificados de empadronamiento de un anagrama en favor de los presos de ETA.