Los portavoces de estas asociaciones indicaron a Servimedia que la tipificación de ambos delitos puede mejorarse, ya que en la actualidad no es posible responder de manera adecuada a hechos como a no disolución de Sozialista Abertzaleak (SA) por el Parlamento vasco o a un hipotético referéndum sobre el "plan soberanista" del "lehendakari".

En concreto, los representantes de estos colectivos judiciales plantearon que el delito de desobediencia implique penas de cárcel para los funcionarios o cargos públicos, algo que no sucede en la actualidad, y que el delito de sedición pueda aplicarse a cuestiones como la convocatoria de un referéndum no autorizado.

Ambas asociaciones hicieron estas suerencias después de que ayer el líder del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, hablase de que tiene que estudiarse la reforma del Código Penal y otras leyes para mejorar los mecanismos del Estado frente al "plan Ibarretxe".

"CHOTEO"

A este respecto, el portavoz de la Francisco de Vitoria, Joaquín González Casso, señaló que el actual delito de desobediencia establece que un ciudadano puede ir a la cárcel por desobedecer a los jueces, pero que esto no le sucederá nunca al presidente del Parlamento asco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak (SA).

Casso destacó que a Atutxa sólo podrán imponérsele una multa y hasta dos años de inhabilitación para cargo público por negarse a cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo sobre SA.

Este portavoz estimó que esta situación es "un choteo", y añadió que esto es consecuencia de la redacción que del delito de desobediencia se hizo en el Código Penal de 1995, que, a su juicio, "desautorizaba" a los jueces.

Por su parte el portavoz de la APM, José Manuel Suárez, señaló que en otros países las penas por desobedecer a los jueces son más severas, y aludió a que en Gran Bretaña no acatar las resoluciones judiciales o insultar a sus representantes "tiene una pena siempre privativa de libertad muy fuerte".

Al mismo tiempo, Suárez se refirió a que otro aspecto en el que podría reformarse el Código Penal es lo referido al delito de sedición, recogido en el Código Penal entre los artículos 544 y 549, con el fin de mejorar larespuesta para el caso de que se convoque un referéndum no autorizado.

A su juicio, en lo que se refiere al "plan Ibarretxe", la "crisis" se planteará en el caso de que el "lehendakari" convoque un referéndum, aunque sea consultivo. Destacó que esto puede entenderse como sedición, aun cuando el Código Penal hace referencia a que para que se aplique este delito debe haber quienes se alcen "pública y tumultuariamente" contra las autoridades.