En este sentido se manifestó hoy el portavz de Jueces para la Democracia (JPD), José María Fernández Feijo, quien subrayó que, sin necesidad de utilizar la vía penal, el procedimiento contencioso-administrativo permite con claridad la suspensión del acto municipal previsto en la localidad vizcaína.

Fernández Feijo dijo a Servimedia que el de Markina "es un acto radicalmente nulo, porque se ha conseguido previas amenazas y coacciones y, por lo tanto, el Ayuntamiento y su alcalde no han decidido libremente. Al respecto, con una simple petición el delegado del Gobierno sería posible suspender el acto sin más".

Agregó, sobre este particular, que "la gente siempre piensa en la vía penal y en que el fiscal actúe de inmediato cuando se producen situaciones de este tipo, pero opino que esta vía debe ser la última solución posible, en cualquier ámbito de tensión".

Por su parte, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, José González Armengol, señaló a Servimedia que hubiera sido precipitado actuar penalmente contra el acuero municipal porque, si bien "con el acto se va a producir una apología del terrorismo, el acuerdo en sí, con la actual regulación, entiendo que no puede interpretarse del mismo modo".

"La vía más útil para atajar ese fenómeno", reiteró, "sería la actuación gubernativa del delegado del Gobierno", en los términos en que se ha producido.

DIFERENCIAS

De igual modo, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Martín Rodríguez Sol, apuntó, al respecto, que, "a diferencia de lo que ocurría en el caso delas apelaciones de Arnaldo Otegi hacia los 'compañeros' terroristas muertos en el accidente de la pasada semana, durante el acto de homenaje que se celeró el sábado en Bilbao, yo no tengo tan claro que en este caso (de Markina) se incurra en un presunto delito de apología del terrorismo".

Para que eso fuera posible, agregó, "haría falta que ahí hubiera una voluntad de fomentar el terrorismo. No basta sólo un acto pasivo y, con todas las connotaciones que ha habido en esa historia, lo que sí apreciaríasería un posible delito de amenazas y coacciones pero contra el alcalde y concejales de Markina".

"No creo que el alcalde de Markina", aseveró, "sienta una simpatía personal hacia estas personas o hacia el entorno de ETA, sino que creo que se ha sentido un poco obligado".

A este respecto, concluyó, "me parece estupendo que la Delegación del Gobierno en el País Vasco haya pedido los acuerdos municipales y los ponga en conocimiento del fiscal, si lo estima oportuno. Eso sería la fase inicial y lueg, que el fiscal valore si interpone una querella o qué es lo que hace, pero a bote pronto, tan claro no lo veo", dijo a Servimedia.