El portavoz de JpD, Miguel Carmona, declaró a Servimedia que las modificaciones promovidas por el Ejecutivo, que incluyen penas de cárcel por la convocatoria de referéndums ilegales y por la entrega de dinero público a grupos o partidos ilegalizados, no parecen una norma general, "sino una ley que iene nombre y apellidos".

Carmona destacó la coincidencia que existe en diversos sectores a la hora de criticar que el Gobierno haya aprobado esta reforma del Código Penal mediante una enmienda en el Senado a una ley referida a otro ámbito, algo que ha impidido la elaboración de informes de determinadas instituciones.

A este respecto, opinó que puede hablarse de un "desprecio generalizado" a lo que pueda decir un institución como el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas funciones es elborar informes sobre las iniciativas judiciales.