El portavoz de JpD, Miguel Carmona, declaró a Servimedia que las modificaciones promovidas por el Ejecutivo, que incluyen penas de cárcel para la convocatoria de referéndums ilegales y para la entrega de dinero público a grupos o partidos ilegalizados, no parecen una norma general, "sino una ley que tiene nombre y apellidos".

Carmona destacó la coincidencia que existe en diversos sectores respecto a criticar que el Gobierno haya aprobado esta reforma del Códio Penal mediante una enmienda en el Senado a una ley referida a otro ámbito, algo que impide la elaboración de informes de determinadas instituciones.

A este respecto, opinó que puede hablarse de un "desprecio generalizado" a lo que pueda decir un institución como el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas funciones es elaborar informes sobre las iniciativas judiciales.

Asimismo, Carmona rechazó pronunciarse sobre si las modificaciones legales aprobadas hoy por el Congreso podrían aplicase a la decisión de PNV, EA e IU-EB de mantener en los Presupuestos del Parlamento vasco para 2004 las subvenciones al grupo Sozialista Abertzaleak.