En un comunicado, Karrera dijo que esa decisión del Supremo "vulnera las garantías jurídicas e invade la soberanía parlamentaria", además de ser "absolutamente inaudita en el ámbito jurídicodel Estado de Derecho".

A su juicio, la resolución judicial "se salta cualquier garantía jurídica y no se basa en escuchar a las partes para establecer un procedimiento que permita definir, finalmente, la decisión, sino que cumple un papel arbitrario siguiendo los dictados del PP que dieron inicio al proceso de ilegalización".