El Ejcutivo pudo elegir las otros dos vías de recurso: amparo o inconstitucionalidad, pero, según ha explicado el ministro de Justicia, José María Michavila, ha sido la "naturaleza jurídica" del reto planteado la que ha llevado al Ejecutivo a alegir la impugnación.

De entrada, según reconoce una fuente gubernamental, no hay precedentes de que el TC haya rechazado una impugnación del Gobierno, cosa que sí ocurre con las otras dos vías. El Ejecutivo da por hecho que a partir de la presentación formal, el juees próximo en la sede del alto tribunal, la admisión a trámite y consiguiente suspensión serán un hecho, y su primer efecto político será que el PNV ya no controlará el calendario político del plan, por lo menos en su actual formulación.

A partir de la admisión a trámite, el TC dispone de un primer plazo de cinco meses, prorrogables, para emitir sentencia sobre lo que el Gobierno considera una "mutilación unilateral" de la soberanía del Pueblo español.

Toda la arquitectura jurídica de las impugnaiones se basará en el fraude de ley que supone la reforma encubierta del Título 2 de la Constitución, relativo a la soberanía, por parte de un órgano no competente, el Parlamento Vasco, y sin atender al artículo 168 de la propia Constitución, que encomienda esa tarea en exclusiva a las Cortes y exige elecciones generales en toda España inmediatamente después.

En cuanto al trámite, dice Justicia, el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco de 4 de noviembre vulnera el procedimiento de reforma estatutari previsto en los artículos 147 y 152 de la Constitución y 27.1 del Estatuto de Autonomía. De forma subsidiaria, el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, habría incumplido su obligación de emitir una resolución con el parecer favorable de la Junta de Portavoces y de la Mesa para subsanar una posible laguna de procedimiento. Esto último vulnera los artículos 23.1 y 24.2 del Reglamento del Parlamento Vasco.

Hay una clara "voluntad política de excluir, incluso en el procedimiento, a los que o piensan como los nacionalistas excluyentes", dijo el ministro en relación con la actitud de la mayoría nacionalista.

EVITAR LA INTERVENCION DE LAS CORTES

Michavila ha insistido en centrar el debate en lo jurídico y en lo insólito, dentro de la tradición de contenciosos autonómicos ante el TC, de que sea el Gobierno central el que acuda a defender el Estatuto de Gernika. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Estado ha calculado 103 ilegalidades contra la Constitución, y las leyes Orgánicas que reguan el propio TC, el Poder Judicial, o el Tribunal de Cuentas, entre otras.

Este organismo ha encontrado precedentes de simples "actos de trámite" recurridos por el Gobierno ante el TC. Hay "sólida doctrina constitucional que permite impugnar ante el TC meros actos de trámite (STC 24/10/85), circulares e instrucciones internas (STC 28/6 / 83/), simples oficios de una dirección general de una Comunidad Autónoma (STC 11/12/92) e incluso hasta simples actuaciones materiales de órganos autonómicos (STC 11/ 2/92)", dice Justicia.

José María Michavila negó que la vía de impugnación oculte un intento de hurtar el debate independentista, aunque otras fuentes populares admitieron días atrás a esta agencia que lo último que se quiere es que el Parlamento Vasco vote la propuesta y que el frenazo al mismo lo den las Cortes Generales, alimentando así más "victimismo nacionalista".

Cuando se le ha preguntado al respecto, comentó que se puede plantear todo, pero no "la quiebra unilateral de las reglas del jueo". "Si realmente, el PNV desea abrir un debate sobre la reforma de la Constitución, puede hacerlo legalmente con arreglo a su propio estatuto de autonomía. Eso no es lo que ha querido hacer".

"El Gobierno no desea bloquear ningún debate. Desea que se cumpla con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Si desea el PNV iniciarlo, que lo haga abierta y libremente, que no tenga verguenza. Que no trate de ocultarlo y enmascararlo bajo una reforma de estatuto cuando está intentando reormar la Constitución", añadió.

El ministro también ha resaltado el hecho de que los propios servicios jurídicos del Gobierno vasco han alertado a este de la ilegalidad o inconstitucionalidad.