Todos los consultados son conscientes del desafío institucional lanzdo, pero matizan que puede ser el paso definitivo en la estrategia soberanista de desbordamiento del marco constitucional o un farol más dentro de esa estrategia.

Porque, POR muy civilizada que se plantee esa asunción, "¿Cómo se va a hacer?", se pregunta un alto cargo. "¿El Gobierno Vasco va a instalar otra oficina del Inem donde ya hay una de la Administración Central?".

De momento, los únicos que ha hablado hoy de este asunto son el ministro para las Administraciones Públicas, Jesús Posada, y l ha hecho exclusivamente para reiterar que, llegado el caso, el Gobierno tomará "las medidas que el ordenamiento legal contempla"; y Rajoy, que ha pedido al Gobierno Vasco "equilibrio y sentido común" para que el asunto no llegue a mayores.

Jesús Posada recibió el jueves 27 de junio una carta recordatorio de cuatro competencias que el Gobierno Vasco reivindica, entre ellas las de ferrocarril y la organización de elecciones locales. Era el primer contacto formal entre ambos gobiernos después de la fallda reunión que Posada mantuvo el 17 de abril en Madrid con la `vicelehendakari`, Idoia Zenarruzabeitia para reanudar el diálogo competencial.

No hubo entonces siquiera acuerdo sobre como presentarse ante la opinión pública. Zenarruzabeitia explicó que pidió verse con Posada para "constatar" si el Gobierno Central tenía voluntad de desarrollar el autogobierno vasco.

En otra comparecencia, por separado, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga (no compareció Posada) acaró que la intención del Gobierno es bien diferente: dedujo de la iniciativa de Zenarruzabeitia para reunirse una renuncia "de facto" a la "Comisión Política de alto nivel" con Rajoy a la cabeza, que exigía el PNV, y, por tanto, la vuelta a las ponencias técnicas y a la Comisión Mixta de Transferencias. Es decir, lo mismo que el resto de autonomías.

Respecto a las materias, Zenarruzabeitia mostró "perplejidad" porque sus interlocutores le dijeran, una tras otra competencia, que consultarían. Elorriagalo negó y dijo, en contra, que las políticas activas de empleo se van a transferir a "todas" las comunidades en esta legislatura y el País Vasco debe ser una de ellas.

El `número dos` de Administraciones Públicas sí fue tajante al negarse a transferir las políticas pasivas del INEM que pide el Gobierno Vasco, porque eso rompería la "caja unica" de la Seguridad Social y hay jurisprudencia constitucional en contra.

En cuanto al tramo de autopista de peaje Bilbao-Miranda de Ebro, de la Bilbao-Burgos el Gobierno dice que no procede la transferencia porque es una autopista nacional y que no es lo mismo, como argumentó Zenarruzabeitia, que transferir la A-8 de peaje Bilbao-Frontera Francesa (se hizo en 1999), cuyo trazado discurre íntegramente en el País vasco.

Y respecto a las competencias en prisiones, el Ejecutivo Central no cuestiona la posibilidad de esa transferencia, hecha ya hace años a Cataluña, pero en el actual momento político con el País Vasco eso es imposible.