En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Michavila dijo que el Gobierno ha adoptado esa decisión tras analizar los informes de los Servicios Jurídicos del Estado, del Ministerio de Presidencia y del Ministerio de Administraciones Públicas.

Agregó que el Gobierno apela en su recurso al artículo 161.2 de la Constitución, que autoriza al Ejecutivo central a impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones adoptadas por las comunidades autónomas. Estaimpugnación, según el citado artículo, "producirá la suspensión" de la norma o resolución recurrida.

El titular de Justicia aseguró que el Gobierno no pretende frustrar ningún proceso de diálogo, sino impedir que se quiebre la Constitución, ya que el Ejecutivo vasco ha optado por un camino "ilegal e inconstitucional".

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