Una semana después de que el ministro de Justicia José María Michavila anunciara la reforma en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, el Portavoz, Eduardo Zaplana, ha dicho hoy que ese es el cauce queel Gobierno, "equivocándose o acertando", ha encontrado.

"La alternativa a esto es cruzarse de brazos, es no tomar la iniciativa y dejar que cualquier pueda violentar a su capricho el orden constitucional, la convivencia democrática, la ley, en definitiva", ha insistido el ministro.

Unas críticas que han llevado a todos los grupos en el Senado, excepto el PP, a rechazar la reforma por precipitada, y al Poder Judicial a expresar su malestar por los modos utilizados.

Zaplana ha intentado en too momento rebatir la lectura que se ha hecho, de que esta es una legislación `ad hoc` contra el "lehendakari", Juan José Ibarretxe, y contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. Sostiene que el Ejecutivo "no tiene ningún interés en plantarle cara a nadie, tiene interés en que se respete la ley por parte de todos y que no haya ciudadanos de primera y de segunda en función de su cargo".

"Todo es discutible" dentro de la ley, reiteró, pero ha emplazado al PSOE a decir qué haría y si est de acuerdo con el objetivo último de la introducción de dos nuevos artículos, el 506 bis, para impedir consultas ilegales, y el 576 bis, para que una autoridad parlamentaria no siga subvencionando grupos ilegalizados por terrorismo.

"Estaremos encantados de escuchar otras medidas que hagan que la ley se cumpla y que no sean estas", insistió. "pero que se digan cuáles son (...) Si coinciden con nosotros en los objetivos, que nos digan si esta vía que hemos puesto en funcionamiento tiene alternativa". i no, "la responsabilidad obliga a no cruzarse de brazos" cuando el orden constitucional y la convivencia se están viendo seriamente amenazados.

LO MISMO PARA EL TC

El mismo argumento que le ha servido para referirse a la división existente en el seno del Tribunal Constitucional sobre la conveniencia de admitir a trámite la impugnación del Ejecutivo contra el acuerdo del Gobierno de Ibarretxe de remitir al Parlamento Vasco el proyecto de Estatuto de libre asociación con España.

Casi la mitad delos doce magistrados del TC se decantan por rechazar esa propuesta y admitir, sin embargo, la impugnación contra la decisión de la Mesa del Parlamento sobre su tramitación por defectos de forma.

Eduardo Zaplana no ha querido entrar en el debate jurídico-formal. Simplemente ha reiterado que el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, tomar decisiones ante iniciativas "claramente contrarias" a la Constitución.

También esa impugnación, que una parte del TC no ve clara, "se puede discutir", ha dicho elministro, pero el Gobierno "tiene la necesidad de actuar y de tomar la iniciativa en defensa del Estado de Derecho". "Y en ese sentido seguiremos actuando", ha advertido.