Esta es la tesis de la proposición que el PP ha presentado en las Juntas de Vizcaya, en la que argumenta qe es necesario que se termine la "absoluta impunidad" existente, de modo que los saboteadores asuman el coste de los daños que efectúan a los bienes públicos, como sucede con los autobuses calcinados.

Los populares consideran importante que la responsabilidad de las acciones de violencia callejera repose "en el bolsillo de los autores y no sobre el resto de la sociedad. No es justo que una barbaridad como ésta siga saliendo gratis a los que la realizan".

Por este motivo, el PP pide que la Diputacón de Vizcaya se persone en todos los procesos judiciales en el que se hayan visto dañados sus intereses con ocasión de actos de vandalismo, de modo que se exijan "responsabilidades penales y pecuniarias" a los autores de las acciones o subsidarias a sus familiares, en el caso de que fueran insolventes.

Además de la personación en los sumarios, los populares entienden que la Diputación debería "articular medidas" para lograr "la recuperación efectiva de los costes ocasionados por actos de vandalismo". Con estas iniciativas, el PP considera que podrían reducirse gastos como los 150 millones de pesetas en los que fueron cuantificados los daños a la flota de autobuses de la Diputación vicaína (Bizkaibus) durante el año 2000.