Múgica quiere saber por qué las autoridades policiales no consideraron necesario grabar la otra manifestación que se celebraba en el mismo lugar y a la misma hora, convocada, seún el Defensor del Pueblo, "por otros colectivos para coaccionar a dicho párroco, en relación con las opiniones vertidas por éste en el pasado".

Tras examinar la normativa estatal y autonómica sobre el uso de videocámaras por parte de los servicios de seguridad públicos, Enrique Múgica ha llegado a la conclusión de que "la medida de autorizar el uso de videocámaras móviles sólo puede adoptarse para la salvaguarda de la seguridad ciudadana y la prevención del delito, y dentro de esta finalidad legitimaora, sólo desde la motivada convicción de que existe un riesgo concreto y específico dimanante de una situación también concreta".

A juicio del Defensor del Pueblo, "en principio parecería que una manifestación en contra de una persona determinada, realizada con reiteración, por el rechazo que provocan las opiniones de esta persona, y precisamente con ocasión de la aparición pública de la persona en cuestión, como es el acto del ejercicio del ministerio religioso por parte del párroco, podría entrañarun peligro concreto en relación a la integridad física y moral de quien ha de soportar estos hechos".

"Por el contrario, una manifestación de apoyo a la libertad de todos, y en concreto a la libertad del párroco de la localidad de Maruri, coaccionado repetidamente por las manifestaciones periódicas en su contra, y en peligro concreto, como queda en evidencia en el hecho de que esta persona tiene asignada escolta policial, no parece suscitar un convencimiento razonable de que sus integrantes puedan incrrir en delitos o alterar gravemente el orden público", agrega Múgica.

No obstante, el Defensor del Pueblo asegura que está constatado que los integrantes de la plataforma "¡Basta Ya!" fueron grabados por la Ertzaintza en vídeo, como lo atestiguan fotografías de prensa.

Múgica expone al consejero de Interior del Gobierno vasco su criterio acerca de la "difícil razonabilidad de las resoluciones adoptadas" y le pide que le remita el informe oficial sobre la medida de autorizar el uso de videocámara.