Esa admisión conllevará la suspensión del debate por un período de cinco meses, prorrogables, hasta que el TC decida finalmente sobre el fondo del asunto. Las fuentes consultadas aseguran que el pleno no quiere que el fallo se conozca más allá de febrero, para no interferir en la precampaña de las Elecciones Generales de marzo.

Los doce magistrados son muy consciente de la necesidad de evitar una imagen de división en autos con muchos votos particulares. Aunque hasta el 2 de diciembre no se van a reunir formalmente los doce juristas presididos por Manuel Jiménez de Parga, las fuentes consultadas aseguran que, en contactos informales, sí ha quedado patente que no todos piensan lo mismo respecto a la más polémica de las dos impugnaciones: la dirigida contra el acuerdo del Ejecutivo de Ibarretxe por considerarlo un intento de reforma encubierta de la Constitución, es decr, un fraude de ley intencionado.

Sólo unos pocos miembros del Pleno del TC son proclives a admitir los argumentos que ofrece en su escrito el abogado del Estado a favor de las tesis del Gobierno en el caso de la primera impugnación. "Los que admiten eso se pueden contar con los dedos de una mano y sobran", admiten las fuentes consultadas.

Los más estiman, por contra, que la doctrina del alto tribunal es actuar sobre normativa jurídica firme y que admitirla sería volver, vía hechos, al recurso prvio de inconstitucionalidad, eliminado en 1995 precisamente para evitar una fiscalización a priori de la competencia legislativa de las autonomías y del Estado, que estaba colapsando esa instancia. Las fuentes consultadas creen que, de aprobarse la impugnación del "Plan Ibarretxe" en los términjos que quiere el Gobierno, estaríamos asistiendo a la instauración de una nueva figura, similar a un recurso "preliminar", puesto que Ibarretxe no ha remitido al Parlamento Vasco más que mimbres para un debate y esono tiene efecto jurídico alguno.

Sin embargo, el Ejecutivo de José María Aznar, que quiere cerrar el debate antes de que lo hagan las Cortes con un `no` rotundo a lo aprobado por el Parlamento Vasco, con el consiguiente peligro de "choque de trenes" político, no va a quedar desairado. Los doce magistrados creen haber encontrado razones en los argumentos del abogado del Estado contra el acuerdo de la Mesa de 4 de noviembre. Entre otros, que se ha vulnerado el procedimiento de reforma del Estatuto de Genika previsto en su artículo 27.1 y, por elevación, en los artículos 147 y 152 de la Carta Magna.

Además, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Estado acusa al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, de no emitir, con carácter previo, una resolución apoyada por Junta de Portavoces y Mesa para subsanar una posible laguna de procedimiento, vulnerando así los artículos 23.1 y 24.2 del Reglamento de la Cámara de Vitoria.

PRECEDENTES CONTRA PARLAMENTOS

El acuerdo de 4 de noviembre se adotó con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida-Ezker Batua, que tienen mayoría en el órgano de gobierno parlamentario, y no lo elevaron a Junta de Portavoces porque, en ese órgano, hubieran necesitado el voto del representante de Sozialista Abertzaleak (SA) para soslayar la negativa de PP y PSE. Eso tenía el riesgo añadido de que, tras la disolución de SA por parte del Tribunal Supremo, cualquier decisión con su voto es nula de pleno derecho.

Las fuentes del TC consultadas por Servimediarecuerdan que ahí sí puede haber extralimitación de la Mesa en sus funciones como para admitir a trámite la impugnación del acuerdo. Y , en el terreno de las formas, no sería tan "extraordinario" como admitir a trámite el acuerdo del Gobierno vasco, ya que el TC tiene doctrina abundante de intervención en contenciosos entre grupos y órganos de gobierno parlamentarios.

Recuerdan a este respecto la reciente concesión de amparo al Grupo Socialista en el Congreso, que había recurrido la decisión de la Mes del Congreso de no admitir a trámite la comparecencia de presidente de empresas públicas privatizadas, como Telefonica o Endesa, con el argumento de que esas entidades ya no estaban sometidas a control parlamentario tras su paso a manos privadas.