Mañana empezarán a ver el texto de la ponencia que ha redactado el magistrado Guillermo Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil elegido miembro del TC el16 de diciembre de 1998 por el Senado, a propuesta de PP y PSOE.

Fuentes del Alto Tribunal han asegurado a Servimedia que los magistrados del TC se inclinan por admitir a trámite sólo esta última impugnación. No obstante, esa admisión conllevará igualmente la suspensión del debate parlamentario por un período de cinco meses, prorrogables, hasta que el TC decida finalmente sobre el fondo del asunto. Una decisión que el pleno quiere en diciembre, para evitar así interferencias en la precampaña de las Elcciones Generales de marzo.

El TC es muy consciente de la necesidad de evitar una imagen de división en autos con muchos votos particulares. Aunque hasta mañana no se va a reunir formalmente los doce juristas presididos por Manuel Jiménez de Parga, las fuentes consultadas aseguran que, en contactos informales, sí ha quedado patente que no todos aceptan la más polémica de las dos impugnaciones: la dirigida contra el acuerdo del Ejecutivo de Ibarretxe.

Sin entrar a juzgar el fondo del citado plan, proximadamente la mitad del pleno, entre ellos su presidente, Manuel Jiménez de Parga y el propio ponente, es proclive a admitir los argumentos que ofrece en su escrito el abogado del Estado. De aprobarse por mayoría (incluso con el voto de calidad del presidente) la impugnación, habría seis votos particulares y eso evidenciaría una gran división en la última instancia jurídica del Estado, admiten las mismas fuentes.

Los partidarios de rechazar la impugnación contra el plan piden tener en cuenta ese fctor y que la doctrina del alto tribunal es actuar sobre normativa jurídica firme. Admitir ahora esa impugnación, dice, sería volver por la vía de los hechos al recurso previo de inconstitucionalidad, eliminado precisamente para evitar una fiscalización a priori de la competencia legislativa.

Incluso, añaden, estaríamos asistiendo a la instauración de una nueva figura, similar a un recurso "preliminar", puesto que Ibarretxe no ha remitido al Parlamento Vasco más que mimbres para un debate y eso no tiee efecto jurídico alguno.

Sin embargo, el Ejecutivo de José María Aznar, que quiere cortar el debate antes de que lo hagan las Cortes, con el consiguiente peligro de "choque de trenes" parlamentario, no va a quedar desairado.

Los doce magistrados creen haber encontrado razones en los argumentos del abogado del Estado contra el acuerdo de la Mesa de 4 de noviembre. Entre otros, que se ha vulnerado el procedimiento de reforma del Estatuto de Gernika previsto en su artículo 27.1 y, por elevación, enlos artículos 147 y 152 de la Carta Magna.

Además, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Estado acusa al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, de no emitir, con carácter previo, una resolución apoyada por Junta de Portavoces y Mesa para subsanar una posible laguna de procedimiento, vulnerando así los artículos 23.1 y 24.2 del Reglamento de la Cámara de Vitoria.

PRECEDENTES CONTRA PARLAMENTOS

El acuerdo de 4 de noviembre se adoptó con los votos de PNV, Eusko Alkartasuna e IzquierdaUnida-Ezker Batua, que tienen mayoría en el órgano de gobierno parlamentario, y no lo elevaron a Junta de Portavoces porque, en ese órgano, hubieran necesitado el voto del representante de Sozialista Abertzaleak (SA) para soslayar la negativa de PP y PSE. Eso tenía el riesgo añadido de que, tras la disolución de SA por parte del Tribunal Supremo, cualquier decisión con su voto es nula de pleno derecho.

Las fuentes del TC consultadas por Servimedia recuerdan que ahí sí puede haber extralimitación de laMesa en sus funciones como para admitir a trámite la impugnación del acuerdo. Y , en el terreno de las formas, no sería tan "extraordinario" como admitir a trámite el acuerdo del Gobierno vasco, ya que el TC tiene doctrina abundante de intervención en contenciosos entre grupos y órganos de gobierno parlamentarios.

Recuerdan, a este respecto, que en octubre de 2002 el Constitucional falló a favor del Grupo Socialista, que había recurrido la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir la comparecencide los presidentes de nueve empresas públicas privatizadas, Telefonica, Endesa, Repsol, Iberia y Altadis, entre otras, con el argumento de que esas entidades ya no están sometidas a control parlamentario.