Cabanillas fue especialmente duro con la jerarquía eclesiástica vasca. No siquiera necesitó esperar al turno de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que dio comienzo con la lectura de un comunicado que expresaba la opinión del Gobierno sobre el documento de los prelados conocido ayer.

Para el Ejecutivo, el contenido de la pastoral revela el "alineamiento sin reservas de los obispos vascos con las posiciones más radicales de desclificación de la Ley de Partidos Políticos desde el nacionalismo vasco".

Las consideraciones que hacen en el documento "son un compendio exacto del argumentario nacionalista" en contra de una inicitiva democrática apoyada "abrumadoramente" por el Congreso, como fruto de "un proceso de diálogo".

El portavoz denunció que el texto "va más allá de lo que ninguna fuerza política democrática o sector social o de opinión ha llegado, ya que los obispos defienden la impunidad total de Batasuna, cualesquiea que sean sus relaciones con ETA".

Entiende el Gobierno que los prelados advierten a los amenazados de que "su situación puede empeorar con la Ley de Partidos, les invitan a la sumisión a sus verdugos, al silencio ante quienes le ofenden y colocan a la sociedad vasca en el camino de la obdiencia a la disciplina mafiosa que impone ETA y sus cómplices".

"Esta paz que se propone", continuó, "la paz del silencio de las víctimas, la paz de la impunidad de los verdugos, de la humillación de una sociedd ante los que agreden su convivencia, la paz de los débiles y los cobardes, no es, desde luego, la paz civil que debe buscar una sociedad democrática. Ni es el escenario que la inmensa mayoría de los demócratas pueden aceptar ni aceptarán".

CONFERENCIA EPISCOPAL

El Gobierno "aprecia en su justa medida" la nota emitida hoy por la Conferencia Episcopal en la que la máxima jerarquía de la Iglesia Católica se desmarca de los obispos vascos, pone límite a su representatividad y, además, lo hace con "celridad".

Según Cabanillas, los prelados vascos "se arrogan una represetatividad de la que carecen" frente "a la legitimidad democrática contrastada de las instituciones y órganos competentes del Estado", al pretender hablar "en nombre de sectores cuyas opciones políticas tienen el cauce de expresión adecuado en el sistema democrático".

El Portavoz no dejó de insinuar el malestar del Gobierno por la reapertura de un debate que ya consideraba cerrado y que no es otro que el de la separación entre Igesia y Estado y la inconveniencia de los "pronunciamientos de la Iglesia en el debate político".

Reprochó a la Iglesia vasca que cuando se rubricó el Pacto de Estella la reacción de las diócesis vascas fue "el silencio" para lo que en aquel momento "fue un acuerdo con una banda terrorista". Más tarde, con la suscripción del Pacto Antiterrorista y la tramitación de la Ley de Partidos Políticos, "no hubo silencio, hubo rechazo".

Destacó en todo caso, que la reforma de la Ley de Partidos está apoyad por más del 93 por ciento de la Cámara Baja y que su rechazo significa el "desprecio" de la soberanía popular. Rechazó, asimismo, el argumento de que ilegalizar Batasuna supondría aumentar la "crispación" de la sociedad vasca porque eso sería tanto como "claudicar de todos los principios y todos los valores que hemos venido defendiendo en democracia. Es una manifestación de debilidad, de sometiemiento y de humillación de las víctimas".

Aseguró que los contactos entre el Gobierno y la Conferencia Episopal son "continuos" y están destinados a que ambas partes conozcan sus respectivos puntos de vista. En este sentido, Cabanillas insistió en que la jerarquía eclesiástica "conoce perfectamente" las opiniones del Ejecutivo desde hace tiempo.