En una respuesta al PP remitida al Parlamento vasco, y a la que tuvo acceso Servimedia, Balza informa de que le fueron comunicadas las concentraciones contra Larrínaga que se celebraron frente a la iglesia de Maruri los días 1, 8 y 15 de diciembre pasados, así como el 12 de enero, pero que no vio motivos para prohibirlas o para modificar su lugar o momento de celebración.

El consejero de Interior explica al parlamentario popular Carlos Urquijo, que es quien realizó la consulta, que la actuació del Gobierno vasco se guió por la ley que regula el derecho de manifestación, así como por jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Balza añade que, conforme a estos preceptos legales, "no había razón alguna que justificara la limitación o modulación del ejercicio del derecho fundamental" de manifestación.

Al mismo tiempo, indica que el hecho de que el sacerdote esté amenazado por ETA, como le indicaba el PP en la pregunta, no podía llevar a a prohibición de las concentraciones, puesto que la "amenaza" para el párroco no viene de los vecinos que se manifestaron "lícitamente" contra él.

Las concentraciones vecinales contra Jaime Larrínaga cesaron el pasado 26 de enero, después de la tensión generada durante varios fines de semana al coincidir este acto de protesta con otro de respuesta por parte de miembros de la plataforma ciudadana "¡Basta Ya!".

Los integrantes de esta plataforma que se desplazaron hasta Maruri pretendían arropar alpárroco frente a las acusaciones de "mentiroso" que los vecinos le venían realizando, después de que el sacerdote se haya significado por sus críticas al nacionalismo.