El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, dijo a Servimedia que, si la entrega de estos fondos a SA se produce una vez entre en vigor esta reforma, los responsables de "cualquier acto ejecutivo" relacionado con la entrega de este dinero podrían ir a la cárcel.

Esta pena de cárcel está cntemplada en el cambio del Código Penal que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 28 de noviembre, por el que se modificó el artículo 576 bis, lo que supone que podrá ser condenados a entre tres y cinco años de cárcel los que entreguen dinero público a partidos o grupos ilegalizados.

A este respecto, el portavoz de la APM opinó que, de acuerdo con esta reforma, "esos actos de entrega de fondos a cualquier asociación o grupo ilegal podrían tener indicios bastantes de ser constitutivos de deito".

A su juicio, esto es así porque si se siguen entregando fondos a formaciones o grupos ilegalizados cuando ya esté en vigor la nueva norma del Código Penal, esto "constituiría posiblemente un indicio fuerte de infracción penal de este nuevo tipo", en referencia al artículo 576 bis.