Después de tres horas de reunión, los portavoces de los partidos abandonaron la sala con la sensación de que "todo está aún abierto", como dijo el convergente Manel Silva, y a la espera que poder culminar un acuerdo la próxima semana.

PP y PSOEmantienen las siete enmiendas conjuntas de carácter eminentemente técnico que presentaron a la Ley Orgánica para la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, impulsada por ambos partidos en el Pacto Antiterrorista.

El texto de esta ley fue tomado en consideración por el pleno del Congreso el pasado 29 de octubre sin ningún voto en contra y ahora pasa por el trámite de debate en la Ponencia de la Comisión Constitucional.

Las enmiendas consensuadas por los dos partidos mayortarios establecen que la incorporación de suplentes a las vacantes que dejen los concejales que renuncien al cargo deberán ser comunicadas la Junta Electoral y que las enmiendas aprobadas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, las enmiendas de mayor calado político han sido presentadas por los partidos de la oposición. En total 90 enmiendas de CiU, IU, PNV, y Grupo Mixto han comenzado hoy a ser debatidas.

Según el calendario establecidopor la Comsión Constitucional, el dictámen sobre esta ley deberá estar listo el próximo día 11 de diciembre, de manera que pueda pasar a votación del pleno del Congreso el día 19 y así pasar al Senado.

IU, que presentó 16 enmiendas, reclaman que la retirada de las subvenciones a los partidos políticos inmersos en un proceso de ilegalización dependa de una decisión judicial y no del Gobierno, como prevé esta ley orgánica.

De igual modo pretenden que se establezca una prohibición expresa para ser cndidato sólo para las personas condenadas por delitos de terrorismo si hay una sentencia firme.

ACERCAMIENTO POSIBLE

En estos aspectos, ni el PP ni el PSOE han querido descartar un posible acercamiento en las materias que los grupos pretenden enmendar. Así el portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo que hay un acuerdo básico sobre los objetivos de la ley, aunque reconoció que existen discrepancias sobre cómo conseguirlos.

"Hay una buena disposición en todos los grupos para que haya una maor protección a los amenazados y sus datos, para que se retiren subvenciones públicas a grupos que den cobertura al terrorismo", y mencionó como el asunto en el que se ha producido "mayor debate", la disolución de los ayuntamientos.

La intención de socialistas y populares es conseguir "un apoyo unánime" a esta ley y para ello, López Garrido se mostró dispuesto a que se "flexibilicen" algunos supuestos del proyecto de ley para que, "manteniendo los objetivos, se pueda alcanzar el pleno apoyo del Parlamnto".

El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, insistió en la importancia de defender la pluralidad y la democracia con este texto legal y constató "que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

Pese a ello, reconoció que es posible "introducir mejoras técnicas y precisiones en materia de delimitación competencial" que en ningún caso deben suponer un "menoscabo a los principios que inspira la ley".

Según sus enmiendas, CiU prefiere que se sustituya la potestad de disoluión de las corporaciones locales que amparen o ensalcen a ETA por la convocatoria inmediata de elecciones.

En caso de que los comicios extraordinarios no solucionen la situación, CiU acepta que se aborde la disolución del consistorio, que quedaría bajo el control de una gestora y pide que la Administración competente para proceder a la disolución sea la de las comunidades autónomas y no la central, algo que también reclama el PNV.

Silva dijo haber percibido una buena disposición de todos para "inentar que esta ley garantice derechos y dé seguridad a los concejales" y tratar de conseguir acuerdos. El diputado de CiU percibe como un "enorme escollo" el acercamiento sobre la asignación de la competencia de disolver los ayuntamientos, que será el asunto más discutido.

Las enmiendas del PNV y los partidos del Grupo Mixto EA, BNG, IC, ERC y CHA, también van en contra de que la nueva ley sobre seguridad de los concejales permita la disolución de los ayuntamientos en caso de que apoyen el terrorismo. También rechazan las referencias a la supresión de la financiación pública a formaciones políticas que justifiquen el terrorismo o en cuyos órganos directivos haya personas condenadas por delito de terrorismo, aunque la sentencia no sea firme.