En declaraciones a Servimedia, Buesa indicó que, desde la perspectiva económica, la postura adoptada por las Juntas Generales de Alava, que han amenazado con romper la unidad de Euskadi si sigue adelante el plan de Ibarretxe, es "razonable".

Buesa cree que Alava puede ser e territorio más perjudicado económicamente por una eventual secesión del País Vasco, debido a su fortísima especialización en la industria del automóvil. Explicó que la empresa más importante de Alava es Mercedes Benz, en torno a la cual hay multitud de proveedores.

Según Buesa, si el País Vasco se separara de España, el arancel del automóvil, que está por encima del 10%, provocaría un fuerte encarecimiento de los precios de los vehículos, de manera que sería imposible vender en algún punto de la Unió Europea un vehículo fabricado en Vitoria.

Ello haría, a su juicio, que empresas como Mercedes y otras no tendrían viabilidad económica, por lo que estarían condenadas a abandonar la provincia de Alava, con el consiguiente efecto para el empleo de la zona. "Para la provincia de Alava sería la ruina; una ruina más ruinosa todavía que para Guipúzcoa o Vizcaya", aseguró.

Recientemente, Buesa elaboró, junto con otros expertos de la Complutense, un estudio sobre los efectos negativos de la política seesionista del Gobierno vasco en las empresas vascas. La mayoría de las empresas rechazan el "plan Ibarretxe" y creen que su anuncio ha tenido efectos perjudiciales, sobre todo en su ventas (un 33%) y en la relación con sus clientes (casi un 36%).

Además, más del 40% de las empresas vascas consultadas han estudiado, de manera formal o informal, la adopción de posibles medidas para afrontar las consecuencias del plan, entre las que figura la posibilidad de abandonar el País Vasco. En concreto, el 25% esán considerando el abandono del País Vasco y un 23% contempla la deslocalización de la sede central de la empresas.

El informe de los expertos de la Complutense destaca que ambas estrategias, más apuntadas por las empresas integradas en grupos de capital nacional o filiales de multinacionales, pueden perjudicar seriamente a la economía vasca, ya que implicarían una pérdida de actividad y empleo, así como una reducción de los ingresos fiscales para las haciendas forales.