Los magistrados recuerdan que la juez decició continuar el caso abierto contra el presidente dl SCH, Emilio Botín, así como contra Amusátegui y Corcóstegui, "por entender que dichas disposiciones económicas realizadas en los mencionados contratos por los denunciados, que eran administradores de la entidad, podrían vulnerar la lealtad exigida a los mismos por la Ley de Sociedades Anónimas, o suponer remuneraciones extra-estatuarias, ilícitas o apropiaciones indebidas".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional insiste en que la decisión de la juez Palacios es "totalmente correcta" y además "bserva escrupulosamente las prevenciones legales".

Asimismo, señala que la actividad denunciada en este caso es "sumamente compleja" y recuerda que en esta fase del proceso no se trata de estudiar el fondo del asunto, sino de establecer si existen indicios de delito en los hechos que se investigan.

Así, recuerdan que las acusaciones deberán presentar un escrito en el que determinen si solicitan alguna diligencia complementaria, el sobreseimiento o formulan acusación contra los denunciados. Si loshechos son finalmente delictivos o no es algo que deberá verse más adelante.

De esta forma, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantiene abierto el caso, rechazando los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas de los tres implicados, Botín, Amusátegui y Corcóstegui. Todos ellos solicitaban el cierre de la causa.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Btín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos losaccionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH,solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.