En la rueda de prensa posterior a la reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa, Pagazaurtundúa leyó un manifiesto "consensuado" con las víctimas, en el que se dice que los terroristas no pueden ser "interlocutores sociales ni políticos", porque su voz no puede ser situada por encima de las de sus víctimas y porque "cualquier tentación de impunidad social, política o judicial debe ser rechazada".

La presidenta de la Fundación de Víctimas apuntó que "las víctimas, su voz, su memoria, su dignidad, su petición de justicia no pueden ser moneda de cambio para primar a los asesinos y su entorno".

Pagazaurtundúa agregó que "la mayoría de las víctimas" no aceptarán la paz en el País Vasco si se construye sobre "el vacío histórico y la irresponsabilidad de una parte importante de la sociedad que no hizo todo lo que pudo mientras la cultura del odio se trasmitía y actuaba ante su indiferente mirada, por miedo".

Tampoco aceptarán una paz construida sobre "la irresponsabilidad política de tantos líderes regionales que no pararon el odio", ni sobre "la irresponsabilidad personal de los asesinos y de su entorno inmediato apelando a un conflicto histórico".

También compareció en rueda de prensa el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, quien aseguró que José Luis Rodríguez Zapatero les ha pedido a las víctimas que juzguen la política antiterrorista del Gobierno sólo por los hechos, y no por las elucubraciones.

Peces-Barba subrayó que el presidente del Gobierno "ha dejado muy claro que hay que juzgar la política del Gobierno por los hechos, y no por apreciaciones". Agregó que, hasta que se produzca un hecho inequívoco "de posición de abandono (de las armas) por parte de ETA, pues no habrá empezado nada". "Si empieza eso, será muy largo, será de varios años, y pasarán varias legislaturas", apostilló.

Por su parte, Peces-Barba apuntó que es "enormemente injusto el tratamiento" que está recibiendo el presidente del Gobierno por las especulaciones sobre la posible negociación del Ejecutivo con la banda terrorista ETA.