Según recoge la demanda, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Joaquín S.P., hijo único, murió el 8 de julio de 1992 como consecuencia de una apertura defectuosa del paracaídas principal y el fallo posterior del de reserva, cuyos cordones se enrollaron con el primero. El paracaídas, además, no tenía un mecanismo, conocido como pilotillo de reserva, que, según informaron los peritos designados para el caso, agilizan la apertura de la vela de urgencia.

Todos los testigos del siniestro, superiores y compañeros de Joaquín, coincidieron en señalar que éste sufrió el fenómeno que en términos técnicos se conoce como "vela romana" y que el paracaídas de reserva sólo se abrió parcialmente por ser accionado a escasa distancia del suelo.

De cualquier forma y aunque uedara demostrado el carácter fortuito del suceso, los padres de la víctima entienden que la Administración no puede ser eximida de responsabilidad teniendo en cuenta que el accidente se produjo como consecuencia de los riesgos propios de un servicio público.