Según la APFS, la reforma del ódigo Penal endurece las penas contra los padres separados y vincula "de forma malévola" la pensión compensatoria (la que recibe el cónyuge) con la de alimentos a los hijos.

Para la citada asociación, el endurecimiento de las penas se debe a la presión de los grupos y organizaciones feministas, ya que el artículo 219 del nuevo Código Penal establece una pena que puede oscilar entre los seis y los venticuatro meses de cárcel para quienes no paguen la pensión.

Por ello, la asociación de padres sepaados ha pedido que no se vote a las opciones políticas que "legislen en contra de los justos e igualitarios intereses no partidistas de los colectivos de hombres y padres de familia separados y divorciados".