La menor fue asesinada por cuatro personas, tres de ellas también menores, que cumplen en un centro de internamiento la sentencia que les impuso la Audiencia Privincial de Madrid, que condenó a dos de ellos a a ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada; y al tercero a cuatro años de internamiento y tres en liberad vigilada.

Ante estas penas, que consideran "irrisorias", puesto que su hija fue "brutalmente violada, atropellada por un coche y finalmente quemada cuando aún estaba con vida, no justificando de ninguna manera que las personas que realizaron estos actos salvajes sean menores", los padres de la víctima han presentado al Congreso de los Diputados el escrito para iniciar el proceso que regula este tipo de iniciativas.

Los padres de Sandra Palo tienen a partir de ahora un plazo máximo de seis mese para conseguir las 500.000 firmas necesarias para que una iniciativa legislativa popular sea admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

MADUREZ PARA DELINQUIR

En su propuesta, denuncian que las penas impuestas a los asesinos de su hija son "notoriamente inferiores a las que corresponderían si esos delitos los hubiesen realizado mayores de edad", cuando "si ellos tenían la suficiente madurez para consumar estos delitos, también deberían tenerla para asumir las consecuencias que sus actos puieran conllevar".

Consideran que, "cuando menores de edad cometen delitos tan graves como los acaecidos", no sea tenida en cuenta las medidas establecidas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, sino "las que determine el Código Penal para tales hechos, con la única excepción de que el cumplimiento se realizara en un centro de menores hasta la mayoría de edad", cuando pasarían a un centro penitenciario.

Por ello, reclaman la modificación de la Ley Penal del Menor, de modo que se aplique par exigir la responsabilidad de menores de 18 años por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal "salvo para los delitos de asesinato, homicidio, agresiones sexuales y demás delitos violentos, en los que se aplicará la legislación penal de adultos".

Además, pide que se derogue el artículo por el que se impide en estos procedimientos ejercer la acusación particular, y que se reforme el Código Penal de modo que permita juzgar con arreglo a él a los menores acusados de cometer los delitos especficados anteriormente.