El texto, que también ha sido apoyado pr los abogados de estos reclusos, imputa a ambas personas los presuntos delitos de prevaricación y rigor innecesario y extiende estas acusaciones a quienes puedan resultar también responsables de los hechos.

El delito de prevaricación se basa, según una de las letradas, en el propio Reglamento Penitenciario, donde se recoge que un traslado de presos no puede entenderse nunca como un castigo. Tras dichos traslados, el pasado mes de septiembre, fuentes de la prisión navarra y el propio ministro de Justiia e Interior indicaron que su decisión se debía al mal comportamiento demostrado por los ocho jóvenes y por su inadaptación a la vida penitenciaria.

Por el contrario, fuentes de los movimientos antimilitaristas y los abogados de los ocho insumisos acusaron a la dirección de la cárcel de Pamplona de realizar un castigo ejemplificador.

Las acusaciones de la querella de rigor innecesario se sustentan, según las mismas fuentes, en que los ocho reclusos fueron enviados a otras tantas prisiones, todasellas lejanas a Navarra.

Poco después de los traslados, el Parlamento foral reclamó el regreso de estas ocho personas, a la par que constataba el agravio comparativo existente entre los insumisos navarros, que son juzgados, condenados y de los que más de un centenar permanecen presos, y los de otras comunidades autónomas.

En este sentido, una representación de la Cámara se entrevistó con el ministro Juan Alberto Belloch, y, la semana próxima, mantendrá una nueva reunión con el fiscal general del stado y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial.