Según explicó, su organización reclama la gratuidad de los libros de texto, no que se liberalice su precio. A su juicio, esta medida tendrá mayor influencia en el ámbito de los editores y libreros que en las economías familiares.

Una consideración que contrasta con las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien al presentar el proyecto de ley afirmó que ésta "favorecerá a las familias, que se beneficiarán de los efectos en el precio de un sistema libre".

Una opinión que reiteró la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que señaló que la Ley va a "abaratar el coste final para las familias".

Por otro lado, Lola Abelló insistió en la necesidad de dar más importancia a las bibliotecas escolares, para que sus fondos cubran las necesidades del alumnado.