Los hechos fueron detallados por uno de los pederastas a un "topo" de Prodeni que logró contactar con él a través de Internet en octubre de 1997.

El pederasta relata como él y un aigo alquilaron a las niñas por 100.000 pesetas, después de regatear con el padre de las menores, "un gitano de un barrio de Moratalaz en chabolas que era drogata", relata el pederasta.

"El día que fuimos a por las niñas", escribe, "fue rápido... eran las 12 y algo de la noche y Rafa fue a la chabola con las pelas y se trajo a los dos soles. Estaban acojonaditas y Noelia se puso a llorar pero la invitamos a cenar pizza y chuches y esas cosas de niñas".

A continuación, narra como los dos pederastasllevaron a las niñas a una casa a las afueras de Madrid, propiedad del autor del documento, y durante un día sometieron a las menores a todo tipo de vejaciones sexuales, agrediéndolas cuando se negaban a acceder a los deseos de los delicuentes.

El pederasta que escribió el documento asegura que el padre de las víctimas se gastó las 100.000 pesetas que cobró por el alquiler de sus hijas en heroína.

Aunque Prodeni puso estos hechos y el documento en conocimiento del Grupo de Menores (Grume) de la Plicía Nacional de Madrid, ninguna persona fue detenida ni puesta a disposición judicial.

Según la asociación de defensa de los niños, el Grume mostró "gran interés". Sin embargo, para identificar el ordenador desde el que se escribió el documento, los agentes se vieron obligados a contar con autorización judicial, que tardó más de un mes y medio en concretarse.

Prodeni mantiene que en ese tiempo ningún agente sustituyó al contacto de la organización, por lo que la comunicación con el pederasta seinterrumpió. Finalmene, el pasado mes de abril, el caso llegó a la Brigada Policial de Delitos Económicos e Informáticos de Madrid, que concluyó que el ordenador utilizado por el pederasta estaba localizado en un lugar público, lo cual dificultaba enormemente su detención.

La organización muestra su extrañeza ante el hecho de que no se investigara más, a pesar de conocer el lugar de procedencia de las niñas, su edad y las características del padre, incluso en el supuesto de no se pudiera identicar al nternauta.

Para Prodeni, este caso y el comercio de pornografía infantil en Internet es una "prueba de la inoperancia policial y judicial, por falta de recursos y coordinación, y de la injustificada demora de la modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual de los menores, que está beneficiando a quienes abusan de ellos y los explotan".