Los populares tienen muy en cuenta que toda la oferta programática de José María Aznar en materia económica, incluida la rebaja de impuestos, estaba supeditada a la disminución del gasto público.

Antes de las elecciones, en la perspectiva de una mayoría holgada, los objetivos de esa estrategia eran económicos, propiciar una bajada de los tipos de interés para foentar la economía productiva y lograr que España entre el 1 de enero de 1998 en la primera fase de la Unión Monetaria de la UE. Ahora, éste último objetivo ha pasado a primer lugar y se ha convertido en primordial: si la legislatura se acorta, Aznar sólo podrá presentar a efectos de imagen un gran logro, participar con los países de cabeza en el momento más importante de la Unión Europea.

Por eso, resaltan las fuentes consultadas, el documento "Propuestas básicas para una legislatura" incluye el "encae" que el PP pretende. En el capítulo "El reto europeo" se incluye la "necesidad ineludible" y "perentoria" de cumplir las condiciones del Tratado de Maastricht. Y se fijan ya plazos concretos: bajar el déficit del 5,7% del PIB a 31 de diciembre del 95, según estimaciones del Gobierno, situarlo "por debajo" del 4,5% cuando acabe este año y llegar al 3% que exige Maastricht a 31 de diciembre de 1997.

Junto a esto se da prioridad en el texto a nuevos mecanismos de control del gasto y a la "eliminación d la duplicidad de competencias entre los distintos niveles de la Administración pública".

Según las fuentes consultadas, los populares temenn un aumento importante del gasto si no se hacen de forma racional las transferencias que habrán de tener lugar en cumplimiento de los pactos con los nacionalistas.

CONVICCIONES SOBRE CIU

La experiencia indica que una mayor descentralización no es `neutra' en cuanto a gasto público. Un ejemplo: los técnicos del Ministerio de Hacienda calcularon en septiembr del 93 que la cesión del 15% del IRPF a las autonomías, impuesta por Jordi Pujol para apoyar la investidura de Felipe González, tendría un sobrecoste de 8.427 millones para el Estado en 1994. Un estudio de los gobiernos autonómicos elevaron esa cifra hasta los 42.038 millones

Aznar se encuentra hoy ante un inicio de legislatura similar al que tuvo que afrontar González hace tres años, por lo que respecta a pactos, pero en el PP se tiene la convicción de que las condiciones impuestas por la Unión Monearia van a frenar a CiU en algunas de sus exigencias.

En este sentido, se interpretan como un globo-sonda, propio de toda negociación, las informaciones aparecidas ayer sobre el supuesto interés de los nacionalistas catalanes en que las autonomías tengan el 100% del IRPF y además capacidad normativa para subir o bajar anualmente los tipos impositivos.