Las fuentes consultadas han señalado a esta agencia que las telecomunicaciones s uno de los sectores estratégicos en los que CiU no desea "perder el tiempo", dada la premura del calendario de liberalizaciones que está impulsando la Comisión Europea.

El reducido equipo de técnicos de CiU que trabaja en la elaboración de ambas iniciativas está encabezado por Miquel Puig, desde la Consejería de Industria de la Generalitat, aunque bajo la supervisión del titular del departamento, Antoni Subirá.

Uno de los documentos más urgentes es el de Reglamento de Cable, que sustituirá al d José Borrell, paralizado por la convocatoria de elecciones generales. La premura viene dada por la necesidad de esta normativa para convocar en firme los concursos de adjudicación de licencias por demarcaciones, en lo que CiU está muy interesada.

Según ha podido saber Servimedia, CiU plantea en su Reglamento de Cable aspectos clave, como el derecho a dar servicios de telefonía vocal a partir de 1998 y la redefinición de las demarcaciones. A juicio de los convergentes, las demarcaciones deben ser tituaridad de las comunidades autónomas, además de ampliar su ámbito territorial, de local a regional.

De esta forma, los técnicos de CiU pretenden generalizar el criterio empleado por la Generalitat al fijar su futuro 'mapa del cable' con sólo tres demarcaciones para toda la comunidad, amparándose en la idea de que así se asegura mejor la rentabilidad de los operadores ante las fuertes inversiones a las que deberán hacer frente.

En esta línea, se apuesta también por la ampliación del periodo de vigecia de los contratos de 15 años, como dice ahora la Ley de Cable, a 25 años con prórroga, a menos que se incurra en faltas graves del reglamento. Igualmente, se plantea la liberalización de las infraestructuras que ya existen, alternativas a las de Telefónica, para minimizar el impacto económico de los proyectos.

REFUNDIR LA LEGISLACION

Respecto a la futura LOT, CiU recoge la creación de un órgano regulador de las telecomunicaciones independiente del Gobierno, a imagen del creado ya para el sector eéctrico, que vele por la objetividad y transparencia en el sector, y asegura a los nuevos operadores la posibilidad de ofrecer sus servicios en condiciones comparables a las del primer operador, Telefónica.

Según los convergentes, la actual ley del sector es antigua y se ha convertido en el principal obstáculo para la liberalización de las telecomunicaciones españolas.

Para corregir esta situación, los técnicos nacionalistas estudian la posibilidad de asumir una de las principales demandas del setor, que es refundir toda la legislación de telecomunicaciones en una sola, con el fin de simplificar el marco regulatorio que ahora existe.