Así consta en el informe que la Comisión del Pacto de Toledo elevará al Pleno del Congreso una vez debatido con los grupos parlamentarios. El informe de 85 páginas, al que ha tenido acceso Servimedia, ha sido elaborado por la portavoz de CiU en la Comisión, Inma Riera, y revisado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El informe ha sido entregado esta misma mañana a los portavoces de los Grupos Parlaentarios en la Comisión, con el fin de iniciar un debate que pueda propiciar la renovación del acuerdo alcanzado en 1995.

El texto incide en el "proceso de eliminación progresiva de los requisitos que condicionaban el acceso a la pensión de viudedad, que en la práctica han desvinculado la percepción de dicha prestación de la existencia de una situación de necesidad merecedora de protección".

Por ello, y ante las "disfunciones y contradicciones" observadas en los casos de separaciones, nulidades ydivorcios, el informe aboga por hacer los "estudios pertinentes en aras a una revisión general del esquema protector de la viudedad".

El objetivo último es "garantizar a las personas viudas una cobertura suficiente de sus necesidades", de forma que se puedan vincular estas prestaciones a "situaciones de necesidad económica".

En materia de orfandad, el informe insta a "avanzar en mejoras" de estas pensiones, "especialmente en los casos en los que la cuantía de la prestación es muy reducida, unidosa situaciones de falta de ingresos alternativos o de ingresos relativamente bajos".

Para reforzar la solidaridad, se pide la adopción de medidas como "la elevación de la edad máxima" para el cobro de la orfandad (fijada en 22 ó 24 años en función de si se es huérfano parcial o total), "la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos y, en general, la mejora de las pensiones más bajas del sistema contributivo".

Ante las nuevas realidades laborales y de contratación, se insta , "sin merma del principio básico de contributividad, estudiar la situación de los trabajadores afectados por las nuevas formas de organización del trabajo", citando especialmente "la extensión del trabajo a tiempo parcial, la incidencia del empleo temporal, o las nuevas posibilidades de compatibilidad entre salario y pensión o subsidio".

"La Comisión insta a prever con antelación la existencia de carreras profesionales de carácter irregular en las que se alternan periodos con cotizaciones con situacines de no participación en el mercado laboral", reza el informe.

CONTRIBUTIVIDAD

El informe indica la conveniencia de reforzar el principio de contributividad, "de forma que las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado".

Tras explicar que en "numerosos" casos los últimos años de cotización son los de menor aportación al sistema y que las nuevas carreras profesionales no se parecen a las de los ya jubilados, que tenían sus mejores cotizaciones al acrcarse a la edad de jubilación, el informe considera que es el "momento oportuno" para avanzar en el refuerzo del principio de contributividad.

"La Comisión considera oportuno", dice el informe, "la implantación de un sistema que, de forma gradual, tenga en cuenta todo esfuerzo de cotización para el cálculo de las pensiones", siguiendo el camino emprendido en 1985 y 1997 de pasar de 2 a 8, y de 8 a 15 los años considerados para el cálculo de la jubilación.

Sobre la separación de fuentes de financación, el informe "reitera el mandato" de que las prestaciones contributivas se financien con cotizaciones sociales, y el resto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Se insta a aumir por parte de los presupuestos los denominados complementos a mínimos "en las anualidades que se determinen, de forma progresiva hasta su culminación definitiva".

El informe indica que toda medida dedicada a incrementar prestaciones o bajar cotizaciones sociales debe ir acompañada de un estudio de viabilidad qe garantice "a medio y largo plazo, la sostenibilidad del Sistema".

En cuanto a posibles "insuficiencias" de cotizaciones para pagar prestaciones, se da como solución la adopción de "las medidas de racionalización del Sistema que garanticen su suficiencia".

Acerca de los posibles casos en los que la inflación sea menor a la subida acordada para las pensiones, se insta a evitar "la corrección a la baja" de estas prestaciones. Los excedentes de la Seguridad Social irán destinados "fundamentalmente"a seguir dotando el Fondo de Reserva "sin límite alguno".

AUTONOMOS

El informe insta a avanzar en la integración de regímenes de la Seguridad Social hasta constituir dos grandes bloques, uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia, y ve "necesario impulsar un análisis exhaustivo" sobre la situación de los regímenes Agrario y del Mar.

En materia de autónomos, "se alienta a estudiar la situación de aquellos regímenes en los cuales la cotización mayoritaria sigue efectuándose sobrebases mínimas". Además, para el Régimen General, se considera conveniente estudiar el "adecuar las bases de cotización a los salarios "realmente percibidos".

"La entrada de la mujer en el mercado laboral y la llegada de trabajadores extranjeros" tendrá un "efecto directo" sobre el número de cotizantes y la relación entre afiliados y pensionistas, aunque estos hechos provocarán cambios en las relaciones sociales que tendrán un "efecto directo sobre el gasto social".

Así, ciertas tareas como la ateción a personas mayores, discapacitados, menores o enfermos, que hasta ahora realizaban preferentemente las mujeres, pasarán a ser responsabilidad pública, "con el consecuente incremento del gasto social".

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

El informe considera "necesario configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia". Para ello, "la Comisión insta al Gobierno a la creación de una Comisión o Grupo de Trabajo encargado de la elaboración de unLibro Blanco sobre esta cuestión".

Dicho Libro Blanco sobre Dependencia debería recoger "la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección, teniendo en cuenta que sería preferible la elaboración de un sistema mixto", que "conlleve la implicación tanto de las Administraciones Públicas en todos sus niveles como del sector privado".

En materia concreta de discapacidad, "la Comisión insiste en la necesidad de seguir avanzando" en la protección de ste colectivo para su acceso al empleo y recomienda "prestar una atención especial a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales para el disfrute de sus derechos en la materia, evitando cualquier tipo de discriminación y fomentando su plena integración laboral y social".

SISTEMAS PRIVADOS

El informe "constata el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España y la necesidad de seguir reforzándola", por la vía, principalmente, de su extensión a través de la negociación olectiva.

Se insta a "seguir profundizando en las políticas que permitan avanzar hacia un sistema complementario de asistencia y prestaciones, externo a la Seguridad Social, con carácter claramente voluntario y financiado totalmente con aportaciones privadas independientes y no sustitutivas de las contribuciones obligatorias al sistema público de la Seguridad Social".

Así, la Comisión insta a "dotar de estabilidad y garantizar la neutralidad del actual sistema de previsión social complementaria; egular un seguro de dependencia de carácter privado; y potenciar los sistemas complementarios de la Seguridad Social en el marco de la negociación colectiva".