El Gobierno ha dejado claro que considera prioritario reducir el fraude en las prestaciones por desempleo, en tanto que, para los sindicatos, las propuestas gubernamentales sólo llevarían a recortar los derechos de los trabajadores sin atajar el déficit.

Fidalgo, que calificó las propuestas como "muy duras e ineficientes" aseguró que "el Gobierno quiere cuadrar las cifras a martillazos". aAdemás, estimó que el problema del fraude en elINEM radica en una mala presupuestación.

Por su parte, Apolinar Rodriguez afirmó que para reducir el dinero destinado al desempleo, lo que hay que hacer es crear empleo y reducir los contratos temporales. Respecto al fraude, el responsable ugetista advirtió que "no es tanto como algunos dicen".

Por todo lo expuesto, la reunión concluyó sin acuerdo, aunque ambas partes aceptaron seguir negociando.

CERCA DE DOS MILLONES DE ESPAÑOLES VIVEN DEL PARO

Con datos referidos al pasado mes de abril (ltimas cifras oficiales), 1.740.118 personas perciben algún tipo de prestación por desempleo, aunque otras fuentes elevan esa cifra en los dos millones.

De acuerdo con las estadísticas de Trabajo, 70 de cada cien parados reciben algún tipo de prestación. De los 1.740.118 beneficiarios, 854.166 cobraron prestación contributiva y 885.953 el subsidio asistencial.

El conjunto del sistema de protección por desempleo, incluyendo a beneficiarios de prestaciones y subsidios, tanto del Régimen General de a Seguridad Social como del Agrario y los expedientes en trámite, alcanza a 2.084.883 personas.

En los últimos años, el gasto público en desempleo se ha disparado, lo que ha llevado al Gobierno a adoptar medidas como el denominado "decretazo" para recortar gastos. Pero esas medidas no parecen ser suficientes y el Ejecutivo propone más reformas en esa misma línea.

El "decretazo" significó un recorte generalizado de las prestaciones por desempleo y una de sus medidas más relevantes fue el aumento dl período mínimo de cotización de seis meses a un año para poder cobrar la prestación; una norma que elevó también de seis meses a un año el período mínimo de los contratos temporales de fomento del empleo.

Pero esas decisiones resultan insuficientes para atajar el déficit del Inem y, por ello, el Gobierno ha planteado dentro de las negociaciones por el pacto social, una reforma del seguro de paro que cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos, porque creen que superan los contenidos del "decretao".

Dentro de esa reforma, el Gobierno propone la retirada del seguro de paro a los trabajadores que se nieguen a aceptar la movilidad geográfica y a quienes abandonen el empleo porque le hayan modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo, como jornada, horario y sistema de remuneraciones.

El Ejecutivo quiere relacionar también la indemnización por despido con el seguro de paro, de manera que el trabajador no cobre el paro en el tiempo que la indemnización sea suficiente para compensar l pérdida de ingresos, así como que las prestaciones por desempleo paguen el IRPF.

Los responsables de las centrales sindicales rechazan esas medidas y han dejado claro que no aceptarán ningún recorte en las prestaciones por desempleo y en los gastos sociales, en general.

Los de la CEOE, por su parte, aunque figuran en la mesa sobre desempleo, ya habían manifestado que no participaríann activamente.