Con esta reforma el Ejecutivo pretende que los alcaldes tengan ás competencias restándolselas al Pleno de la Corporación para que éste dedique la mayor parte de su actividad a labores de control político.

Además, la reforma incluye una nueva regulación de las mociones de censura en los ayuntamientos introduciendo una convocatoria automática del Pleno que debe discutirla a fin de evitar la situación que se produce en algunos casos de que el alcalde no convoque el citado Pleno.

Por otra parte, la ley de régimen local se modificará para permitir el acceso direto de las entidades locales al Tribunal Constitucional a fin de que puedan impugnar las normas básicas del Estado o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía de los ayuntamientos.

La modificación propuesta permitirá a las corporaciones locales afectadas por el derecho de reunión y manifestación estar informadas y hacer patente su opinión ante la autoridad gubernativa, sin que ello suponga la modificación de las condiciones y plazos para el ejercicio de dchos derechos.