De llevarse a cabo esta reforma, los consistorios tendrían la última palabra tanto en la concesión de licencias como en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), quedando para las autonomías sólo competencias sobr planes y proyectos supramunicipales. En la actualidad, son las denominadas Comisión Regionales de Urbanismos, dependientes de los gobiernos autónomos, las que aprueban en última instancia los PGOU.

La exclusividad es una vieja reivindicación de la FEMP, que este organismo incluyó en la Asamblea general que celebró en La Coruña en noviembre de 1993 y que cuenta con la oposición fundamentalmente de partidos nacionalistas, como CiU, aunque no sólo de estos.

En Madrid, el ayuntamiento de la capitalel Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón están enfrentados porque el primero no quiere injerencias del segundo y Ruiz Gallardón argumenta que, si cede, se vaciaría el Estatuto de Autonomía.

Las fuentes de la FEMP consultadas aclaran que el borrador es un documento "de máximos" y será sometido a las alegaciones que presenten los alcaldes, y presidentes de Diputaciones y cabildos hasta el 5 de julio próximo. Será en este trámite y, sobre todo, en la negociación entre partidos, cuando se 'suavice' la tablareivindicativa.

Ya corregido el borrador, la FEMP presentará al Gobierno su propuesta oficial de Pacto Local a lo largo del mes de julio y iniciará formalmente la negociación a tres bandas Ejecutivo-FEMP-partidos políticos.

REFORZAR SEGURIDAD VIAL

Siempre según las fuentes consultadas, otro punto fuerte del Pacto Local que propone la FEMP es el aumento de competencias en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial.

Este es un tema de especial sensibilidad para las grandes ciudades y preba de ello es que la propuesta de la FEMP sobre esa materia en el Pacto Local materia está constituida "prácticamente" las conclusiones de una reunión que celebraron los alcaldes de las 'siete grandes' Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza, en abril del 95.

Las conclusiones de esa reunión fueron reivindicar competencia sancionadora sobre imprudencia temeraria en la conducción de vehículos, y reclamaban multas de 15.000 a 150.000 pesetas para ladrones de vehículos capturados or las policías municipales conduciendo.

De esa reunión salió también pedir competencia sancionadora sobre la conducción sin carnet, y competencia administrativa sobre la ITV.

Además, en las infracciones de tráfico de especial gravedad, los ayuntamientos reclaman la potestad de los alcaldes para retirar al infractor el permiso de conducir.

Los ayuntamientos tienen hasta el próximo 5 de julio para presentar alegaciones al citado borrador. Luego será aprobado como propuesta oficial de Pacto Loal de la FEMP y se entregará al ministro para las Administraciones Públicas.