de por parte de actividad de la empresas españolla que pretende comprometer a futuros ejecutivos de cualquier color político y que ha quedado plasmado en un documento de seis folios.

En esta línea, el nuevo acuerdo invita al gobierno a "proponer iniciativas a nivel internacional y nacional para regular las actividades y las inversiones de las grandes empresas en los países más pobres".

El propósito de esta recomendación es asegurar que las actividades de estas empresas no causan un impacto negativo ni en el ámbito de los derechos humanos ni en el terreno social oambiental.

Asimismo, los firmantes del pacto se comprometen a dictar normas para determinar de forma exacta los criterios de RSC exigibles a empresas y organizaciones empresariales cuando gestionen recursos económicos públicos en materia de cooperación, así como a tener siempre en cuenta las acciones de las corporaciones españolas en el exterior a la hora de elaborar la futura normativa sobre RSC.