La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidió la reunión de la Comisión de Seguimiento, que ha estudiado los casos denunciados desde la anterior reunión, el 17 de diciembre pasado, donde se hizo balance de las mociones de censura presentadas en los ayuntamientos sin que existiera transfuguismo y que ha recibido el dictamen de la Comisión de Expertos Independientes de los cinco casos remitidos a la misma.

Los partidos políticos que forman parte del Pacto Antitransfuguismo han presentado 17 denuncias desde la última reunión celebrada el pasado mes de diciembre: 11 el PSOE, 2 el PP, 2 CC, 1 CiU y 1 IU-ICLV.

ElPSOE ha denunciado transfuguismo en los ayuntamientos de El Puig (Valencia), Firgas (Las Palmas), Valdefresno (León), Cañizo (Zamora), Mengíbar (Jaén), Bollullos Par del Condado (Huelva), Briviesca (Burgos), Riudarenes (Girona), Denia (Valencia), Calonge (Girona) y Pobra de Trives (Ourense).

El PP ha denunciado transfuguismo en los ayuntamientos de Elche (Alicante) y Silla (Valencia); CC en Valle Gran Rey y San Sebastián de la Gomera, ambos ayuntamientos pertenecientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife; CiU ha denunciado transfuguismo en Les Franqueses del Vallés (Barcelona); e IU-LV,en Altafulla (Tarragona).

Tres casos más han quedado sobre la mesa pendientes de recibir información complementaria de los partidos políticos: Elche-Elx (Alicante), Bollullos Par del Condado (Huelva) y Pobra de Tribes (Ourense).

La reunión del Pacto también ha conocido un informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre las mociones de censura que se han producido en los últimos seis meses, ninguna de ella con transfuguismo.

En total, 30 mociones de censura en los siguientes municipios: Turre, Escúzar, Ainsa-Sobrarbe, Antigua, Yaiza, Monbeltrán, Pedro Bernardo, Castrocalbón, Cubillas de Rueda, Santiz, Valdeprados, Mota del Marqués, Sanzoles, Azuqueca de Henares, Cabrera d'Anoia, Loeches, Cabrils, La Garriga, Ullastrell, Bellmunt d'Urgell, Rodá de Bará, San Fulgencio, Albalat de Sorrells, L'Ollería, Valdetorres, Holguera, Valencia de Alcántara, Santa Comba, Villarejo de Salvanés y Barañain.

El Pacto Antitransfuguismo, el 17 de diciembre pasado, acordó remitir a la Comisión de Expertos Independientes los casos de Cangas del Narcea (Asturias), Chiclana de la Frontera (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Santiago-Pontones (Jaén) y Castril (Granada).

La Comisión ahora ha emitido su dictamen, que es vinculante: En el caso de Cangas de Narcea se considera tránsfugas a los concejales y alcalde de IU-BA-Verdes, así como a los concejales del PP.

En el de Chiclana de la Frontera se considera tránsfugas a los concejales de IU-CA y al alcalde del PP y en el de Puerto de Santa María se considera tránsfugas al concejal no adscrito de Independientes Portuenses y al alcalde del PP.

Respecto al de Santiago-Pontones, no se considera tránsfuga al alcalde del PSOE ni tampoco al resto de concejales del equipo de gobierno. Si se considera en Castril tránsfuga al alcalde del PSOE, sin que afecte al resto de miembros del equipo de gobierno.

"BUENOS RESULTADOS"

La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidió esta reunión que se inició a las cinco de la tarde y se prolongó hasta poco antes de las ocho, y a la que asistieron dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria.

El pacto, cuya primera reunión fue hace 10 años, se reúne semestralmente y tiene previsto un nuevo encuentro a final de este año.

En rueda de prensa, Salgado consideró que se han dado "buenos resultados" en la Comisión para concienciar a todos "de la necesidad de conducta ética y combatir conductas anómalas".

La ministra, al igual que el resto de representantes de las fuerzas políticas, destacó que fue una "reunión fructífera" porque se han debatido importantes casos y se han adoptado las medidas pertinentes "por unanimidad".

Salgado enfatizó que en sólo 17 de los 8.100 consistorios se ha producido algún caso de transfuguismo como muestra de que funciona este pacto.

A partir de este momento, entra en vigor un artículo del pacto por el que todo aquel que sea declarado como tránsfuga no podrá presentarse a unas elecciones bajo las siglas de ninguno de los partidos que firman este pacto.