PABLO IGLESIAS. LA JUNTA DE ANDALUCIA INVESTIGA IRREGULARIDADES DE GESTION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS
- Los afectados creen que existe un "agujero" económico de ochocientos millones de peetas
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La Dirección General de Trabajo Asociado y Empleo de la Junta de Andalucía investiga las presuntas irregularidades existentes en la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias (Paidemaco), constituida en Málaga en 1983 bajo el auspicio del PSOE y la UGT.
Paidemaco ofertó doscientas viviendas a menor precio que en el mercado libre para militantes de ambas formaciones y trabajadores en general, si bien todavía no han concluido las obras de la última fase ni algunos veinos han podido escriturar sus pisos.
Las irregularidades denunciadas por éstos tiene que ver con la supuesta existencia de un "agujero" de ochocientos millones de pesetas detectado hace siete años, cuando la comisón rectora de le cooperativa solicitó a los propietarios más dinero del inicalmente pactado para la compra de las viviendas.
Los socios de la cooperativa no han tenido acceso a la documentación de la sociedad, ni han podido comprobar el estado de cuentas. Las carencias en la construcció, la enajenación de parte del solar y la reiterada solicitud de más fondos económicos les lleva a pensar que el dinero entregado a cuenta podría haber servido para la "financiación irregular del PSOE y de la UGT", declaró el protavoz de los afectados, Francisco García.
Los cooperativistas culpan de la situación tanto a Carlos Sanjuán, secretario general del PSOE de Andalucía, como a Rafael Ballesteros, actual líder del PSOE malgueño, si bien ambos dejaron la cúpula rectora de la cooperativa.
Asimsmo mensualmente durante los plenos del ayuntamiento malagueño se manifiestan los afectados, solicitando la dimisión de los concejales socialistas Juan Jerez y José González Perich, que también tuvieron responsabilidades en Paidemaco.
La Junta de Andalucía ha comunicado a las partes afectadas que "las irregularidades denunciadas hacen aconsejable la instrucción del oportuno expediente previo a la posible intervención temporal".
Con esta investigación del Gobierno autónomo, los cooperativistas cren que se podrá determinar el paradero de los ochocientos millones que calculan han desaparecido "y se podrá intervenir la cooperativa, con lo que muchas personas podrán disponer de su casa y al mismo tiempo solucionar los problemas legales existentes".
(SERVIMEDIA)
19 Ene 1994
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