Esta petición es consecuencia del anuncio hecho por el Gobierno gibraltareño, que ha advertido que las pensiones de los trabajadores españoles jubilados en Gibrlatar podrían suprimirse a partir del 1 de enero de 1994.

El eupodiputado del PA reclamó que, "a la vista de la gravedad de la situación", sea la CE la que garantice el cobro de las pensiones a estos trabajadores. Además, solicitó que la Comisión denuncie al Gobierno del Reino Unido ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento del derecho comunitario.

Según De los Santos, esta medida afectaría casi a 10.000 pensionistas andaluces que trabajaron en el Campo de Gibraltar. Añadió que supone una violación sin precedentes del derecho comunitario en mteria social.

En su opinión, la actitud del Gobierno del Peñón es contraria al Tratato de Roma, al acta de adhesión de España a la CE y a la Declaración de Bruselas de 1984, que impide la discriminación de los trabajadores comunitarios y garantiza el cobro de las pensiones y otras prestaciones sociales, independientemente del territorio comunitario donde hayan desarrollado su trabajo.