Está previsto que hoy se celebre una vistilla por si procede modificar la situación de Otegi, que se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros desde el 26 de mayo de 2005, imputado por un presunto delito de integración en organización terrorista, dentro del sumario 35/02.

En este sumario se investiga la relación de la ilegalizada formación "abertzale" con ETA y la presunta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas". En el marco de este caso, el juez decidió el pasado 17 de enero suspender de nuevo las actividades del partido de Otegi por dos años más.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, según anunció el pasado viernes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pedirá hoy el ingreso en prisión incondicional de Otegi.

Otegi no es el único que deberá declarar esta semana ante el juez Grande-Marlaska por los incidentes que generó la huelga de Batasuna.

Así, el miércoles, día 15, también deberá comparecer ante el juez Juan María Olano, portavoz de Askatasuna, sucesora de Gestoras Pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de ETA. Ambas fueron ilegalizadas por Baltasar Garzón en febrero de 2002 y a finales de 2001, respectivamente.

El día siguiente, jueves 16, están citados por los mismos hechos Rafael Díez Usabiaga, líder del sindicato LAB; Pernando Barrena y Juan José Petricorena, dirigentes de la ilegalizada Batasuna, y Arantxa Zulueta, abogada del partido de Arnaldo Otegi.

Para el juez Grande-Marlaska, Otegi, Olano, Díez Usabiaga, Barrena, Petricorena y Zulueta son presuntos inductores de los incidentes que se produjeron en la jornada del jueves con motivo de la huelga de Batasuna.

Ssegún el juez, se trató de una huelga que, aunque no estaba avalada por partido político legalmente constituido, sí, "en cierta medida", estaba "auspiciada" por el sindicato LAB y fue anunciada por Otegi y Barrena, que pertenecen a una organización ilegalizada y cuyas actividades se encuentran suspendidas.

Según consta en el auto, el jueves se produjeron en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes, "una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas, etc., que han puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional".