Por ello, acuerda devolver las actuaciones al juzgado de instrucción número 1 de Vitoria para que prosiga la instrucción de la causa, aunque precisa que si de su resultado se desprendiese responsabilidad indiciaria del diputado socialista, deberá remitir las diligencias en su totalidad al Alto Tribunal si no fuera posibe el enjuiciamiento separado o, en caso contrario, las diligencias que afecten al aforado.

En el auto, del que fue ponente el magistrado Ramón Montero, la sala afirma que el juzgado tomó como argumentos para remitir las actuaciones al Tribunal Supremo "unos datos que estima, anticipadamente, como decisivos para concluir que 'todos estos datos nos parecen suficientes para considerarlos indicios serios o graves de su participación (del diputado socialista) en el hecho objeto de investigación, en el mejo caso para él en grado de encubridor'".

Sin embargo, para el Alto Tribunal esa conclusión "lo único que muestra es que la instrucción está en agraz y que por ello, sin violentar los principios expresados, no cabe asumir una competencia" de la Sala Segunda.

El tribunal alega, además, que podría constituir un agravio juzgar a un ciudano que no es diputado por un tribunal que no conocería de la causa si no fuera porque el delito está íntima e indestructiblemente unido a otro que se presume realizadopor un aforado.