Así lo aseguró hoy en rueda de prensa el presidente de AEDAF, Antonio Durán-Sindreu, quien explicó que las comunidades autónomas son competentes para aplicar modificaciones y reducciones al Impuesto de Sucesiones, pero "solo el Estado es competente para decidir los aspectos que están sujetos o exentos al tributo".

"Me preocupa mucho la politizción que hace el PP cuando afirma que eliminará esta carga fiscal en las regiones donde gobierne tras las próximas elecciones municipales, ya que podrían haberla suprimido desde el Gobierno. Se trata de una dejación de facultad por razones políticas", declaró Durán-Sindreu.

Por otra parte, el presidente de AEDAF abogó por la "completa desaparición" del Impuesto sobre el Patrimonio en España, por considerar que es contrario a principios constitucionales, genera diferencias fiscales con los países del etorno español, provoca inseguridad jurídica y desincentiva el ahorro.

A este respecto, Durán-Sindreu señaló que el mantenimiento de este tributo "coloca la fiscalidad española en desarmonía con la mayoría de los ordenamientos de los países desarrollados" y añadió que "sería suficiente" implantar un sistema basado en una declaración de bienes y derechos de valor económico, "para sustituir la función de control que tiene el impuesto".

COMPETENCIAS

Asimismo, advirtió de la existencia de "problemasconstitucionales", en las competencias cedidas por el Gobierno a las comunidades autónomas en materia tributaria, "que se podrían agravar en los próximos años si las regiones españolas deciden hacer un uso efectivo" de las mismas.

"La actual normativa es un 'corsé' grave que dificulta la protección de la igualdad de los ciudadanos que viven en diferentes comunidades autónomas, no estamos en contra de la cesión recaudatoria, pero en la competencia normativa podrán existir problemas constitucionales si as regiones deciden llevarla al extremo", señaló el presidente de AEDAF.

Finalmente, Durán-Sindreu pidió al Ejecutivo, con carácter de urgencia, la incorporación al ordenamiento jurídico español del anteproyecto de Ley General Tributaria "para que entre en vigor el uno de enero de 2004", y exigió la inclusión de "alguna fórmula arbitral" en el texto final para "acelerar" la resolución de los conflictos entre la Administración y los contribuyentes.