En un comunicado conjunto, estas organizaciones y asociaciones españolas reiterron que todos los aceites comercializados, antes de decretarse el levantamiento de la Red de Alerta, el pasado 3 de julio, no infringían ninguna normativa nacional y conmunitaria vigente.

En esta línea, insisten en que tanto el Ministerio de Sanidad, como la Comisión Europea como un informe del Comité Científico que asesora a la Unión Europea en materia de alimentación coinciden en que no había peligro alguno.

Además, explican que dada la "situación crítica" generada y el "grave" deterioro sufrid por este sector, el Gobierno tiene la responsabilidad moral de contribuir a recuperar la cultura del aceite y proceder a compensar al sector. Para ello, consideran necesario el desarrollo de campañas divulgativas e informativas.