El MAPA tiene previsto elaborar una nueva normativa regulaora del cese anticipado de la actividad agraria en la que, al parecer, se pretende jubilar anticipadamente a 26.750 titulares de explotaciones en los próximos 5 años, objetivo para el que se destinarán unos 112.000 millones de pesetas.

Las ayudas las podrán recibir quienes hayan cumplido los 60 años y no lleguen a los 65, y consistirán en una indemnización anual que varía entre las 550.000 y las 750.000 pesetas, según los casos.

Ante la nueva regulación de estas jubilaciones anticipadas, consecuecia de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el senador del PP pregunta al Gobierno si va a tener en cuenta las especiales características de las explotaciones agrarias de la Comunidad Valenciana a la hora de establecer las condiciones exigibles para acceder al cese anticipado de la actividad agraria.

Asimismo, Ortí Bordás se interesa por el número de agricultores de esa autonomía que han podido acogerse a los planes de jubilación anticipada puestos en marcha en años anteriores, y cuántos podán acceder en 1993 a las ayudas previstas al amparo de la futura normativa.

Ya en el ámbito estatal, el senador por la Comunidad Valenciana Ortí Bordás pregunta al MAPA si valora suficientes los 3.000 millones de pesetas que, al parecer, el ministerio tiene previstos para este año, "para permitir una salida digna" a los agricultores.