El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, en su escrito de conclusiones provisionales, se refiere a Jesús María Uribetxebarría Bolinaga, Javier Ugarte Villar, José Luis Erostegi Bidaguren y José Miguel Gaztelu Otxandorena como los presuntos autores del secuestro y les imputa delitos de detención ilegal y de asesinato en grado de conspiracón.

"Los detenidos tenían decidido dejarle morir cuando fueron detenidos por la Guardia Civil", señala el informe, que apunta además que Ortega Lara "tenía decidido quitarse la vida el día 5 de julio de 1997, es decir, cinco días después de que fue liberado".

Los cuatro etarras citados formaron en 1992 la sociedad "Jalgi" y alquilaron una nave industrial en la localidad guipuzcoana de Mondragón, que aparentemente tenía como finalidad la construcción de piezas de repuesto.

Dentro de la nave,de acuerdo con las instrucciones remitidas desde la dirección de ETA en Francia, fue construido un "zulo" de unos cinco metros cuadrados que en principio iba a ser destinado a esconder armas y explosivos.

Nuevamente desde Francia, su interlocutor con ETA, Julián Atxurra Egurola, les comunicó que el "zulo" debía dedicarse a ocultar personas secuestradas, por lo que lo habilitaron con maderas y plásticos para evitar la humedad que se filtraba del río Deba.

ACERCAMIENTO DE PRESOS

Los cuatro detendos formaron en 1992 un "comando" que denominaron "Gohierri" y que comenzó a realizar diversos hechos terroristas de poca entidad hasta que, en 1995, Atxurra Egurola les ordenó secuestrar a un funcionario de prisiones, para forzar así el acercamiento de presos al País Vasco.

Los terroristas eligieron a José Antonio Ortega Lara, un funcionario de prisiones que trabajaba en Logroño, vivía en Burgos y era militante del PP, "lo cual para ellos, podría favorecer la presión sobre el Gobierno", para un acercmiento de presos etarras a las cárceles vascas, según el fiscal.

Durante cuatro meses se dedicaron a vigilar sus movimientos y posteriormente comunicaron a Atxurra Egurola, en Francia, quién era el funcionario elegido. Atxurra aprobó la acción y les ordenó llevarla adelante, por lo que el 17 de enero de 1996, a las cinco de la tarde, secuestraron a Ortega Lara cuando regresaba a casa de su trabajo.

En un camión, camuflado con la carga de una máquina inexistente, puesto que era un artilugio fabricdo para el traslado del secuestrado, llevaron a Ortega Lara a Mondragón, donde permaneció en una "zulo" de unos 3 metros cuadrados hasta el 30 de junio de 1997 (532 días después), fecha en que fue liberado por la Guardia Civil.

MORIR DE HAMBRE

Los cuatro procesados recibieron instrucciones claras desde Francia: había que mantener con vida al secuestrado para presionar al Gobierno a acercar presos de ETA al País Vasco, pero si el Gobierno no atendía esta solicitud, "debían darle muerte o dejarle mori de inanición".

En el momento de su detención, los procesados "tenían decidido dejarlo morir de hambre", dice el fiscal, que añade que, en el momento de su detención Ortega Lara pesaba 75 kilos y el día de su libertad tan solo 52. Además, la inmovilidad en el "zulo" le produjo una gran debilidad física y "secuelas psicológicas de carácter indefinido e imprevisibles consecuencias".

El fiscal pide por todo ello 32 años de prisión para cada uno de los cuatro autores del secuestro: 20 años de cárcel or un delito de detención ilegal y 12 años más por el delito de asesinato en grado de conspiración. Además, solicita una indemnización para Ortega Lara de 75 millones de pesetas.