Así lo hicieron las cuatro organizaciones en un comunicado en respuesta a dos sentencias (del Tribunal Supremo de febrero de 2022 y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abril de 2021) sobre la gestión que el gobierno de la región hizo de la pandemia, en el que también invitaron a la ciudadanía y profesionales sanitarios a movilizarse en defensa de la Atención Primaria “trabajando en coordinación para recuperar la dignidad, la potencia y la capacidad de los equipos de los Centros de Salud”.

En su comunicado, las organizaciones denuncian que la Comunidad de Madrid “vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras “en materia de integridad física y salud “, al, a su juicio, “no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”. Asimismo, aseguraron que tampoco se ha valorado su carga de trabajo ni se han evaluado los riesgos de estos puestos; y, por ello, instaron a la Comunidad a efectuar un plan de prevención de riesgos laborales.

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo, las organizaciones destacaron que hace constar que la Gerencia de Atención Primaria no tiene un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en relación a lo que resaltaron la carga de trabajo a la que se exponen sus profesionales y los riesgos que esto puede acarrear para ellos; que reconozca que la materia de prevención depende de la consejería autonómica y no del Ministerio de Sanidad; o que estos planes de prevención afectarían a todos los profesionales de los centros de salud.