Tras valorar "muy positivamente" el descubrimiento por las fuerzas de seguridad del Estado de una red ilegal que vendía datos de carácter personal rocedentes de organismos de la Administración, la CLI reprocha a los sucesivos gobiernos democráticos haber permanecido "más de 12 años sin dar respuesta legislativa a las exigencias del artículo 18.4 de nuestra Constitución, lo que ha permitido el uso descontrolado de las tecnologías informáticas".

La Comisión de Libertades e Informática considera que la desarticulación de la mencionada banda confirma, "lamentablemente", que sus repetidas denuncias eran exactas, "con el resultado de indefensión totaldel ciudadano respecto a su intimidad".