En el encuentro, organizaciones de discapacidad y personas mayores; promoción de la salud y ayuda a enfermos de VIH y personas con adicciones; atención a migrantes y a personas en exclusión; infancia, juventud y mujer; apoyo a personas sin hogar, y otras muchas plantearon a los candidatos de los cinco principales partidos que concurren a los comicios autonómicos las inquietudes del Tercer Sector.

En la Comunidad de Madrid, “vivimos más de 390.000 personas con discapacidad reconocida”, indicó el presidente de Cermi Madrid. "Si tenemos en cuenta a familiares y otros allegados muy próximos, esto supone que 1.171.000 personas conviven a diario con la discapacidad", indicó.

A su juicio, esta región precisa “una revisión urgente en sus políticas públicas de discapacidad”, a fin de mejorar “en la protección de derechos, accesibilidad, empleo, transporte, mundo rural, mujer con discapacidad y asistencia personal”. “¿Qué acciones concretas y cambios normativos piensan poner en práctica?”, inquirió a los candidatos.

ACCESIBILIDAD E INDEPENDENCIA

En el debate participaron también el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma Cocemfe Madrid), Javier Font; la presidenta del Consejo Territorial de ONCE Madrid, Teresa Rodríguez; el director general de Plena inclusión Madrid, Javier Luengo, y Sonsoles Sánchez, directiva de la Federación Salud Mental Madrid.

En su primera intervención, Font quiso conocer el compromiso de los distintos partidos con la Estrategia madrileña de Autonomía Personal y con el desarrollo de la asistencia personal, como claves para que las personas con discapacidad física "podamos vivir de forma independiente”.

Luengo se interesó por las medidas para fomentar la accesibilidad cognitiva, a fin de facilitar la participación social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, mientras que Rodríguez quiso saber de qué manera piensan mejorar el acceso a los servicios de comunicación e información que ofrecen las administraciones para las personas ciegas, sordas y sordociegas.

Por su parte, Sánchez les interrogó respecto a su estrategia para combatir “la epidemia de enfermedad mental que padecemos actualmente“ y ofrecer una atención integral a estas personas.

En su respuesta, Jesús Celada, que ocupó la Dirección General de Discapacidad con los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero, resaltó la necesidad de que la Comunidad de Madrid se dote de una Ley autonómica general de discapacidad “ambiciosa”. “Somos prácticamente la única que no la tiene”, criticó, y sin esta norma, “resulta muy difícil reivindicar las vulneraciones de derechos, los incumplimientos en materia de empleo y las discriminaciones que se producen en nuestro territorio”.

También lamentó la práctica inexistencia de asistentes personales en Madrid ,que son 84 frente a las 2.100 prestaciones de este tipo concedidas en Castilla y León, y pidió reforzar las inspecciones de trabajo para que la reserva de empleo se cumpla de forma efectiva.

FINANCIACIÓN

Emilio Delgado (Más Madrid) insistió en que “lo primero es conseguir una financiación suficiente para sufragar adecuadamente las políticas sociales y después, mostrar un verdadero interés”. A su juicio, resulta inconcebible que los Plenos de la asamblea de Madrid no se emitan en lengua de signos y se comprometió a subsanar esta brecha. También a reforzar las inspecciones referidas a accesibilidad.

En la misma idea coincidió Paloma García, de Unidas-Podemos, quien reclamó más financiación para que las entidades desarrollen sus proyectos. En cuanto a medidas concretas, destacó la garantía de “una educación inclusiva en la que estemos todos juntos desde el principio y niños, niñas y niñes, con y sin discapacidad, compartan aulas en la escuela”.

Además, se refirió a la inclusión de facilitadores judiciales que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones de personas con discapacidad intelectual y apostó por reforzar un enfoque social de la salud mental que evite “la sobremedicación y profundice en la prevención”. “Por supuesto que queremos más psicólogos, pero hay que insistir en la prevención social”.

Según José Ignacio Arias (Vox), “lo primero que debe hacerse es llevar a cabo una auditoría social y evaluar realmente cómo está el sector y ver qué funciona y qué no”. “Las viejas recetas no sirven y debemos buscar nuevas fórmulas”, defendió.

En este sentido, apostó por políticas individualizadas y no generales, por el apoyo a las familias y por la colaboración público privada.

Finalmente, Marimar Blanco (PP) defendió las inversiones del Ejecutivo en estos cuatro años que, entre otras cosas, han logrado reducir las listas de espera de la dependencia y aumentar las plazas en centros de día y residencias.

A su juicio, “Metro de Madrid es uno de los metros más accesibles del mundo” y “estamos trabajando para extender la accesibilidad universal a todos los ámbitos de la región”.