Así lo apuntó hoy la portavoz del Movimiento Feminista de León, Ana Vicente, durante una concentración convocada en la plaza de Botines de la ciudad, donde se pidió apoyo a asociaciones, plataformas, entidades y colectivos a nivel nacional ante “los ataques a los derechos de las mujeres por parte del Gobierno de la comunidad autónoma” y que cuenta ya con la adhesión de más de 170 entidades de toda España.

Para Vicente, la pregunta “del millón” es si las mujeres de Castilla y León pueden ejercer de manera efectiva su derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, algo que deben llevar a cabo “sin ser sometidas a ningún tipo de presión o coacción”, al tratarse de “un eje constructivo básico”, ya que “la potestad para controlar la maternidad es la clave para poder disponer y planificar las vidas”.

En este sentido, recordó que los derechos sexuales y reproductivos “son derechos humanos”, tal y como reconoce la Organización de las Naciones Unidas que, además, recomienda “eliminar todo obstáculo normativo o dilatorio”.

Unos obstáculos que “son precisamente” los que existen en Castilla y León “en el día a día” para que las mujeres “tengan derecho a un aborto seguro y no estén sometidas a circunstancias que les obliguen a hacerlo en condiciones que incluso puedan poner en peligro sus vidas”.

“Mi cuerpo es mío y solo mío”, resaltó la portavoz del Movimiento Feminista como “un principio básico de los derechos humanos” que, según lamentó, “constantemente se ve cuestionado por ciertos sectores que responden a una ideología un tanto patriarcal”.

Por ello, recordó que “las mujeres que deciden abortar lo harán esté o no limitado”, de manera que en estas circunstancias “se seguirá produciendo pero en peores condiciones”, de forma que “restringir el derecho al aborto es una manera intolerante y discriminatoria de entender las relaciones entre las personas, la sexualidad y la autonomía de las mujeres”.

ABORTOS EN CENTROS PRIVADOS

De acuerdo con los datos aportados por Ana Vicente, el 97,7% de los abortos llevados a cabo en 2021 en Castilla y León fueron derivados a centros sanitarios privados, mientras que en todas las provincias, menos en Burgos y Valladolid, se deriva a las mujeres que han solicitado abortos a otros territorios para realizar la intervención.

De toda Castilla y León, indicó, tan solo Burgos dispone de cobertura pública, porque en Valladolid se deriva a clínicas privadas, aunque solamente en los casos en los que se emplea el método farmacológico, ya que en los que se aplica el método quirúrgico se deriva también a la privada.

La portavoz del Movimiento Feminista de León también explicó que todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar son derivadas a Valladolid o a otra comunidad autónoma, como aseguró que es el caso de Soria, donde las mujeres son derivadas a una clínica concertada en Madrid.

Así, “si una mujer residente en León quiere ejercer su derecho a abortar gratis en su provincia, no puede hacerlo, sino que tendrá que acudir a una clínica privada y pagar por el procedimiento”. A ello sumó que “Castilla y León es la única comunidad donde no está financiada la sedación para abortar”.

Todas estas “restricciones, obstáculos y coacciones para acceder al aborto” llevan “demasiado a menudo a optar por abortos inseguros”, dijo Vicente, quien puso de relieve que “sólo las mujeres que tienen dinero y medios podrían acceder a abortos seguros, mientras que las de menores recursos tienen que someterse a una carrera de obstáculos”. “¿De verdad cree el Gobierno autonómico que se va a fijar población con este tipo de medidas”, se preguntó.